Ríos Montt, de 86 años, saludó al fiscal Orlando López y a los abogados querellantes que representan a las víctimas al llegar puntualmente y de buen ánimo a la cita -cuya duración no está precisada-, en una sala de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de la capital.

En un fallo histórico, Gálvez decidió el pasado lunes abrir juicio contra el exdictador y el general retirado José Rodríguez, miembro de la cúpula castrense durante su régimen, por la matanza de unos 1 mil 770 indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché  (norte) durante el gobierno de facto de Ríos Montt, en lo más cruento de la guerra civil guatemalteca, de 36 años.

A diferencia de las audiencias anteriores, esta vez Ríos Montt acudió a la cita sin la compañía de su hija, la exdiputada Zury Ríos. A la sala del juzgado llegó una decena de hombres a apoyarlo, presuntos exmiembros de patrullas civiles paramilitares que colaboraban con el Ejército durante el régimen, así como activistas de derechos humanos que claman por justicia para las víctimas.

El fiscal López explicó  que dispone aproximadamente de unos 900 medios de prueba entre peritajes y testimonios, 65 testigos de torturas, bombardeos de sus comunidades y del éxodo a las montañas por la represión.

Además, dijo que presentará 68 peritajes sobre violaciones a los derechos humanos a la población ixil y racismo cometidas durante el conflicto armado, e informes antropológicos y forenses.

El querellante de las víctimas Héctor Reyes dijo que presentarán planes militares implementados en esa zona, así como 178 testigos.

La defensa, que el lunes adelantó que elevará recursos de apelación contra la resolución de Gálvez, argumenta que el exdictador no estaba informado de las masacres que cometía el Ejército.

Guatemala vivió una guerra civil entre 1960 y 1996 que dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU que señaló al período 1981-1983 como uno de los más cruentos del enfrentamiento.