Prensa Libre

POR S. VALDEZ, H. ALVARADO Y R. GONZáLEZ

A Hernández Coj el juez undécimo, Eduardo Cojulún, le dictó libertad inmediata, arraigo, firmar el libro cada tres días y una fianza de Q20 mil, pese a que le congelaron más de Q700 mil que tenía en sus cuentas bancarias y cuando fue capturado le hallaron Q106 mil en efectivo, sin que demostrara su procedencia, según la Fiscalía.

Hernández Coj ya había pedido su libertad en cuatro ocasiones anteriores, con el argumento de que padece diabetes. Sin embargo, el juez Décimo, Wálter Villatoro, quien se encuentra de vacaciones, le había denegado la solicitud, por lo que ahora Cojulún atiende sus casos.

Villatoro había argumentado que era necesario que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dictaminara si la enfermedad ameritaba que Hernández Coj fuera atendido en forma ambulatoria o debía ser hospitalizado, requerimiento que no fue necesario para que Cojulún dictara libertad a favor del acusado.

Negocio familiar

Hernández Coj fue detenido el 8 de agosto último, junto a otras 13 personas, entre ellas su esposa, hijo y primo, quienes retenían a al menos 14 menores de edad, a quienes supuestamente explotaban sexual y laboralmente en negocios como bares y cantinas ubicadas en La Terminal, zona 4, así como en las zonas 7 y 11.

A esta persona le fueron halladas más de 20 propiedades y sus familiares tenían registrados a su nombre diferentes negocios donde retenían a las adolescentes.

Varias de las 14 jóvenes que fueron rescatadas el 8 de agosto último estaban embarazadas, como consecuencia de la explotación sexual.

Alexánder Colop, fiscal contra la Trata, explicó que hoy apelarán la decisión de Cojulún, ya que se dio sin un dictamen que probara la enfermedad y necesidad de que Hernández Coj estuviera hospitalizado, por lo cual no se vulneraba el derecho a la salud, que fue el argumento del juzgador para beneficiarlo con medida sustitutiva.

Presentan queja

Zulma Subillaga, jefa de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, indicó que presentarán una queja en la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ).

Afirmó que aunque respeta la independencia de poderes, le parece que debe ser un esfuerzo estatal, pues aunque el Ejecutivo trata de construir una institucionalidad contra la trata, este tipo de decisiones no ayudan.

La vicepresidenta Roxana Baldetti también se manifestó contra la decisión de Cojulún.

Leonel Dubón, del hogar El Refugio, que protege a víctimas de trata, presentó ayer su queja en el OJ contra el juez.

Cojulún dijo que no se pronunciará al respecto, pues no le han notificado sobre ninguna queja en su contra.