La mayor parte de las quejas fueron rechazadas; sin embargo, una buena cantidad fue aceptada total o parcialmente.

Analistas consultados indican que ese número, que se ha incrementado conforme a los años, es muestra de que los procesos de contrataciones no son los adecuados o las adjudicaciones están sesgadas para un proveedor.

Las instituciones que más reclamos han recibido desde el 2007 son el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Gobernación y la Universidad de San Carlos. Las dos primeras suman el 50 por ciento de las quejas.

Según el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, la inconformidad es la forma por la cual los usuarios del sistema solicitan, critican, protestan, reclaman o se quejan de una resolución, fase o procedimiento administrativo de una compra o contratación.

Cualquier persona con número de identificación tributaria (NIT) puede presentar una acción de inconformidad, así como la Contraloría General de Cuentas.

Anomalías

Los expertos en contrataciones públicas Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien); Carlos Martínez, jefe del Área Socioeconómica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), coinciden en que existen anomalías y que la calidad en los procesos de las contrataciones no es las más adecuada.

Flores explicó que es normal que haya quejas, pero cuando se ve que se van acumulando y aumentan, indican que la calidad de los procesos de contrataciones no es la mejor, que las instituciones, que los responsables, no las están haciendo bien o que es errada la forma en que conocen la Ley de Contrataciones del Estado.

“Lo que nos dicen las muestras de inconformidad son las deficiencias técnicas en las instituciones para realizar los procesos de compras y contrataciones, la otra lectura es que las compras son frecuentemente vulneradas. Diría que son decisiones arbitrarias para favorecer a ciertos proveedores”, expresó la experta.

Martínez afirmó que con del número de reclamos presentados a la fecha se podría calcular que para este año se sobrepasarían los seis mil.

“La inconformidad es el termómetro de las percepciones de cómo se está desempeñando el Gobierno en términos de la realización de sus contrataciones, de sus procesos de compra y contrataciones de servicio. Nos está diciendo que la ciudadanía percibe que los procesos de contrataciones del Estado están marcados y plagados de anomalías. Podríamos darle la lectura de que, además, la transparencia se habría deteriorado”, explicó el experto del Ipnusac.

“Por ejemplo pudiera darse el caso de que los procesos de licitación ya tengan un destinatario, por lo que se busca acortar los plazos de publicación o ponen requisitos que pueden favorecer a determinado contratista”, agregó Martínez.

Según Barrientos, si el número de acciones de inconformidad se incrementa es que algo está funcionando mal.

“Puede ser que la Ley esté bien y los procesos o concursos para adquisiciones estén siendo sesgados y que el mercado esté reaccionando a una anomalía que puede ser corrupción. O puede ser que la Ley esté bien, los procesos estén bien, pero el mercado es demasiado agresivo y nadie va estar contento, como el caso de los medicamentos en los contratos abiertos”, dijo.

El analista del Icefi indicó que la Ley de Contrataciones es muy débil respecto de los contratos abiertos, y que si se aplicara en forma efectiva, funcionaría muy bien, ya que su objetivo es abaratar los precios en compras a escala.