El 10 de mayo del año pasado, un tribunal condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad, tras encontrarlo responsable de masacres cometidas contra una minoría indígena durante su régimen de facto (1982-83).

Sin embargo, en medio del proceso otra jueza capitalina, Carol Flores, acogió un alegato de la defensa en el sentido de que había recursos por resolver y declaró invalidado todo lo actuado durante el debate, retrotrayendo el proceso a la situación imperante en noviembre de 2011, cuando el militar no había sido acusado formalmente.

La Fiscalía y CALDH presentaron los recursos contra esa decisión por considerar que se violaron las garantías constitucionales de las víctimas.

Moisés Galindo, abogado del exdictador, dijo a medios locales que el rechazo de los amparos valida la decisión de la jueza y “prácticamente hemos regresado al 23 de noviembre de 2011”, en la “fase de investigación” del proceso.

El jurista también señaló que con esta resolución se tiene que suspender el nuevo juicio contra el exdictador que el Tribunal de sentencia de mayor riesgo B programó para el 5 de enero de 2015, aunque por el momento los jueces de esa instancia no se han pronunciado.

De su lado, Edgar Pérez, abogado de la querellante Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) que defiende a los indígenas junto a CALDH, dijo que la decisión no es definitiva y “apelarán” ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.

Ríos Montt y su exjefe de inteligencia militar, el general José Rodríguez, son acusados por la matanza de mil 771 miembros de la etnia maya-ixil, en la zona norte, en el marco del conflicto armado de 36 años que vivió el país (1960-1996).

El gobierno de facto de Ríos Montt fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que dejó un saldo de 200 mil muertos y desaparecidos, según un informe de la ONU.