Según ese ministerio, el programa estará dirigido a personas de escasos recursos, en especial jóvenes, aunque podrán solicitar transporte grupos en edad escolar, alcaldías indígenas o agrupaciones de mujeres en riesgo de violencia, ya que la selección de los beneficiarios se hará por medio de solicitudes.

Aunque se prevé trasladar a los viajantes a sitios arqueológicos, el ministro de Cultura, Carlos Batzín, no descartó que también se puedan llevar a lugares recreativos y parques de diversiones.

Costos

Para costear el transporte de los usuarios del programa Conociendo el Mundo Maya, Cultura y Deportes adjudicó el 25 de febrero último el contrato a la empresa Servicios Generales Perla Antillana por Q3 millones 799 mil, por el transporte de 290 mil kilómetros a cualquier parte del país, durante todo el año.

Además, los beneficiarios recibirán un tiempo de comida, para lo cual el Ministerio dispondrá de Q2 millones más.

Batzín dijo que la mayoría del kilometraje se gastará en el programa mencionado, en especial en meses “clave” como marzo.

“Yo podría decirle que vamos a usar un 40 por ciento para Conociendo el Mundo Maya. Fijaremos especies de cuotas por mes, aunque hay meses pico del año, como en Semana Santa”, afirmó.

El resto del transporte se utilizará, según Batzín, en actividades del Viceministerio del Deporte y la Recreación para viajes de jóvenes de barrios comunitarios y también para la organización de festivales culturales, donde se movilizará a productores de determinada región.

Clientilismo

Expertos en transparencia consultados coinciden en que este tipo de proyectos pueden prestarse a clientelismo político, toda vez que no son institucionalizados, sino creados en cada administración.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, calificó el programa de casuístico y una “ocurrencia” del Gobierno, pues carece de un diagnóstico o estudio para su implementación.

“No tiene los elementos que debe reunir un programa social focalizado, como el perfil detallado de beneficiarios, criterios objetivos de elegibilidad o beneficios medibles. Sin eso es a todas luces clientelar y, por lo tanto, una fuga más del erario”, explicó.

Hugo Maul Figueroa, excomisionado de Transparencia, coincidió en que este proyecto corre el riesgo de condicionar la participación de beneficiarios a alguna afiliación política, por lo cual es necesario establecer con claridad los lineamientos de quiénes serán transportados.

“Ese tipo de programas pueden ser utilizados con fines clientelares. Yo siento que podría establecerse que fuera dirigido a estudiantes, porque creo que en este caso serían los propios establecimientos los que podrían definir quiénes van a participar”, refirió Maul Figueroa.