“Creemos que es indispensable separar del campo penal y de la seguridad el uso y consumo personal de las drogas, así como todas las conductas pendientes a esa finalidad”, señaló Pablo Cymerman, de la Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas de Drogas de Argentina, quien se pronunció en nombre de todos los asistentes.

“El debate de las drogas debe verse desde un enfoque sociosanitario donde la despenalización debe darse pero al consumidor, no al traficante”, expuso Leonel Dubón, de la asociación Refugio de la Niñez de Guatemala, quien calculó que existen 150 mil los menores que afrontan problemas con narcóticos.

Las organizaciones civiles coinciden en que “el problema de las drogas compromete el estado de Derecho de los países” y afecta de manera grave la salud y la seguridad.

También demandaron de los 34 países miembros de la OEA la generación de nuevas políticas para el comercio de armas, así como firmar los tratados internacionales en materia de control de armamento.

La organización Human Rights Watch abogó por la despenalización del consumo personal de drogas, al considerar que la persona, en su privacidad, tiene derecho a sus propias decisiones.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó: “Por el solo hecho de probar y experimentar drogas en la privacidad de su hogar, no puede ser ilegal, si no afecta a su familia o a otras personas”.

No es suficiente

Christian Leffler, director ejecutivo para las Américas de la Unión Europea, dijo a Prensa Libre que una eventual despenalización del consumo de las drogas no va a solucionar el “complejo” problema.

“No creo que una despenalización en sí misma va a arreglar el problema, debe ir acompañada de otras medidas. No hay medicinas milagrosas ni solución que va a aislar al problema de las drogas”, precisó Leffler.

Añadió que las drogas son un problema que concierne a la pobreza y a la falta de empleo formal.

Pese al apoyo sobre la posibilidad de regularizar el consumo de drogas, las organizaciones civiles de Guatemala aceptan que los sistemas de salud y educación “no están preparados para ese escenario, ya que los niños no tienen un espacio de prevención adecuado”.

La regularización del consumo de algunas sustancias fue adversada por Ana Luisa Jouanne, de la Corporación Esperanza de Chile, entidad que se dedica a la rehabilitación de adictos, al considerar que se incrementará abruptamente el consumo de drogas.