El reporte fue difundido en el Congreso de la República hacia el mediodía cuando en el hemiciclo del parlamento se conocía la posible ratificación del Estado de Sitio, los diputados Amílcar Pop de Winaq y Mario Torres, independiente, conocieron parte del informe que detalla la acusación contras las fuerzas de seguridad de uso desmedido de la fuerza y vejaciones a hombres y mujeres del pueblo xinca en apoyo a las actividades extractivas en San Rafael Las Flores.

La comisión “constató que la población no contó con información sobre los derechos que se les estaban vetando y los alcances de ese Estado de Sitio, manifestaron desconcierto, preocupación, temor y angustia por la masiva presencia de fuerzas militares y policíacas”, explica el informe.  A las comunidades se las ha calificado de “bandas de sicarios, narcotraficantes y extorsionistas sin pruebas”, señalan relatos de representantes comunitarios en el Congreso.

Pertinencia de observación

Amílcar Pop, congresista, indicó que ejercicios de verificación de cumplimiento de los  derechos humanos como los realizados en Santa Rosa y Jalapa, y el año pasado en Santa Cruz Barillas,  son importantes para impedir los abusos de las fuerzas de seguridad.  “El Estado de sitio demuestra la incapacidad del gobierno  para tener una política de diálogo y su no ratificación demuestra que el gobierno se equivocó en su establecimiento”, afirmó el legislador.

El diputado Mario Torres recordó además que la ratificación del Estado de Sitio no es compartida por varias fuerzas en el Congreso “porque conculta –violación de una ley- los derechos fundamentales”, por lo cual se opone a que sea ratificada por el pleno. Pobladores y líderes comunitarios que participaron en la redacción del informe ocuparon el palco del Parlamento, el cual estaba cerrado al público por las autoridades del Legislativo, para mostrar su oposición al Estado de Sitio.

Violaciones denunciadas

Entre las violaciones a los derechos humanos señaladas por las autoridades figura el abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza, amenazas e intimidaciones al alcalde de Mataquescuintla, Hugo Loy; daño psicológico a la niñez y las mujeres;  y robos en la aldea La Fuente, Jalapa.

El informe fue elaborado por integrantes del parlamento xinca, el movimiento Waquib´kej e integrantes de la Marcha Indígena Campesina y Popular y autoridades comunitarias de 48 cantones de Totonicapán, con la observación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, según el delegado del procurador, Mario Minera.

El reporte detalla  que la conflictividad social en el área se debe a la explotación minera en San Rafael Las Flores y el uso de la fuerzas de seguridad para la protección de las actividades extractivas.