Para encontrar soluciones a esta problemáticas, el Ejecutivo convocó a una reunión para este miércoles en la cual participará la fiscal General, Claudia Paz y Paz, representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Ministerio de Comunicaciones, así como del Ministerio de Energía y Minas.

“Es una cantidad millonaria. ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Quién se lo queda? ¿Qué hacen con ese dinero? Por eso invitamos al intendente de Bancos, para que dé seguimiento. Estamos seguros hay lavado de dinero“, reiteró el mandatario.

El presidente confirmó que hay 538 denuncias hechas ante del Ministerio Público, en las cuales se identifica a los responsables de promover este tipo de acciones.

También serán invitados los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) para que expliquen cómo se dará seguimiento a la propuesta de ayudar a bajar el costo de la tarifa eléctrica mediante la reducción del cobro por alumbrado público que hacen las comunas para cubrir una serie de gastos.

Pérez Molina explicó que esta problemática inició en San Marcos pero ha alcanzado diferentes departamentos.

El hecho más reciente ocurrió en Izabal, donde las líneas colapsaron por la gran cantidad de conexiones ilegales, ello dejó a los usuarios con más de 10 días sin electricidad.

Otro caso similar ocurrió en la región Huista, Huehuetenango, donde unos 300 mil vecinos se quedaron sin luz debido al sabotaje en las líneas de transmisión eléctrica.

La mayoría de vecinos protestan por los altos cobros por parte de Energuate y optan por pagar la conexión ilegal, sin tomar en cuenta que deberán pagar a la empresa después de consumir el servicio.

*Con información de Geovanni Contreras