Delegados del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en conjunto con la Fiscalía de Ambiente del MP de Izabal retuvieron tres contenedores con 58.28 metros cúbicos de madera que iban a salir por el puerto Santo Tomás de Castilla en noviembre y diciembre últimos.

Además, se decomisaron 3.5 metros cúbicos de trozas de esta especie en los parques de Lachuá, Raxruhá, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché. El trasiego se está dando por puertos del Pacífico y del Atlántico.

Especie única

El árbol de rosul es una especie protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres.

Se ubica en la categoría 3, es decir que puede estar en peligro de extinción si no se regula su aprovechamiento.

Sin embargo, la demanda del mercado chino ha disparado el corte ilegal y el trasiego de esta especie con una serie de amenazas para las personas involucradas en manejo forestal.

Se cree que los chinos utilizan el rosul para fabricar pisos y productos decorativos. También se le emplea para hacer tableros e interiores de automóviles de lujo y yates.

Delegados del Conap han informado que a uno de sus técnicos forestales le ofrecieron Q4 mil por no identificar el cargamento del contenedor, cuyo precio final es de decenas de miles de dólares.

Iván Cabrera, director regional del Conap en Izabal, refiere que a un comunitario le ofrecen Q300 por una troza de 1.5 metros de longitud y 15 centímetros de diámetro.

“El Parque Nacional Laguna Lachuá, uno de los sitios donde crece la especie, está depredado”, indica Yuri Melini del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.

La red ilegal ha tratado de disfrazar los controles aduaneros con otro tipo de maderas, como pucté, manchiche y tamarindo.

Sin embargo, en el puerto los delegados de embarque del Conap reconocen esa especie “por su peso, forma y olor”. No obstante, este control no existe en el puerto Quetzal y otras fronteras del país.

Carlos Ábrego, fiscal ambiental en Izabal, asegura que el caso en el puerto Santo Tomás está bajo reserva y que lo incautado en los contenedores es mayor que lo declarado. En su expediente incluye tres tipos de delitos que van desde exportación con dimensiones prohibidas, cuya multa es el equivalente al valor de la madera incautada; tráfico ilegal de flora y fauna y falsedad material e ideológica.

Acción pronta

César Beltetón, director forestal del Conap, dice que ya hay una alerta al respecto y coordinación interinstitucional que está dando resultados. También expresa que se piensa reforzar con un técnico forestal de embarques en el puerto Quetzal.

De momento, toda la madera incautada es sujeta a revisión antes de su salida del país.

Según Melini, esto evidencia el funcionamiento de una estructura, en donde no solo el MP debe accionar, y si no se avanza merece incluso el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.