
La transparencia, en definitiva, no parece estar entre las prioridades de este gobierno. A veces solo es cuestión de días para que a una causa se sumen más adeptos, y eso que la actual administración apenas si está por arribar a su primer año de gestión, lo que hace suponer que las cosas todavía pueden superar nuestros malos registros, como se le achaca a la anterior administración, que a su vez dejó mucho que desear en lo relativo a probidad.
Ahora le tocó el turno al Ministerio de Comunicaciones, que sin mayor aspaviento acaba de adjudicar la rehabilitación y construcción a cuatro carriles de un tramo carretero que va desde Cocales, Suchitepéquez, hasta la frontera con México, que consta de 150 kilómetros, cuyo costo pasará de los Q3 mil 700 millones, lo cual no necesariamente es malo, si no fuera porque se insiste en el pernicioso modelo de hacer las contrataciones por excepción, como se ha vuelto común en muchas de las recientes adquisiciones del Estado.
Desde los primeros meses de este gobierno sobresalió el modelo en varias compras que hizo el Ministerio de Salud. Luego se sumó el de Agricultura y más recientemente apareció el de Gobernación con compras adjudicadas a empresas de reciente creación, como también se puede comprobar en el caso de Comunicaciones, que ha rebasado todos los parámetros para adjudicar una de las obras más caras de los últimos años, bajo uno de los procedimientos menos deseables en una inversión de tantos millones de quetzales.
Uno de los mayores problemas cuando se insiste en la mejor comunicación para adjudicar trabajos tan fastuosos es que el país tiene un negro historial en la construcción de obra pública, como se acaba de comprobar con el edificio de la Gobernación Departamental de San Marcos, que con apenas dos años no resistió el terremoto del pasado 7 de noviembre y quedó inservible, sin que hasta ahora haya un proceso contra los responsables. Pero igual ha sucedido en cada invierno, donde han caído numerosos puentes con pocos años de construcción, sin que por ello se haya castigado a quienes cometieron tales fraudes.
Las cárceles de país constituyen otro mal ejemplo del oprobio en la construcción pública nacional, pues por esos casos tampoco hay penalizaciones. Apenas se tiene tras las rejas a unos cuantos sospechosos, pero ante tanto fraude nadie ha sido sancionado y a los contribuyentes la corrupción les cuesta dinero que se va a la basura, como literalmente acaba de suceder en la cárcel de “máxima seguridad” Fraijanes 2, el más reciente incidente que desnuda el fraude de la obra pública.
Por eso es que se reitera en la prudencia y responsabilidad en el gasto, porque la historia de este país está plagada de perniciosos ejemplos de la irresponsable conducta de muchos burócratas que no tienen el menor miramiento a la hora de incurrir en prácticas dudosas para administrar los recursos de la población con fraudulentos trabajos que solo desnudan su bajeza, y eso empieza cuando no se respetan los debidos procedimientos ni se tiene la suficiente preparación para administrar cargos de tanta relevancia.
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