A la serie de sucesos sin precedentes que han ocurrido en Guatemala durante las últimas seis semanas se agregó ayer otro: la autorización unánime del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que pase al Congreso la solicitud de antejuicio contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina, presentada por el diputado Amílcar Pop, con lo que se inicia un proceso para investigar y comprobar que su acusación constituya delito o no.

El parlamentario dijo haber actuado así en referencia al contrato otorgado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a la Droguería Pisa por alrededor de 15 millones de dólares y el caso de la red de defraudación aduanera identificada con el nombre de La Línea, por el cual se encuentra en prisión, desde hace algunos días, una veintena de funcionarios a todo nivel del Sistema de Aduanas.

La ciudadanía debe tener claro cuáles son los pasos que implica una decisión judicial de esta naturaleza. El Congreso tiene ocho días para integrar por sorteo una comisión pesquisidora, y 60 días para entregar el informe. Si recomienda el antejuicio al presidente, debe ser aprobado por las dos terceras partes del número de diputados. En ese caso, el mandatario iría a juicio como ciudadano común corriente y sería suspendido provisionalmente si se ordena una prisión preventiva. Si la sentencia firme lo condena, se le separa en forma definitiva del cargo. El vicegobernante, que ha ejercido interinamente la Presidencia, la asumiría en forma definitiva y el Congreso elegiría entre una terna propuesta por el nuevo mandatario a su vicepresidente. Todo esto puede tomar una cantidad de tiempo muy difícil de predecir y especificar.

El diputado Luis Rabbé, ahora liderista y presidente del Congreso, expresó que a la mayor brevedad comenzará todos los trámites, pero no se debe olvidar que estas acciones incidirán en el trabajo legislativo de conocer y aprobar las urgentes reformas a las leyes, entre ellas la Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), porque los comicios están apenas a 87 días de distancia.

Entre las opciones que Pérez Molina tiene a su disposición se encuentra la de separarse voluntariamente de la Presidencia, ya que a la luz de las circunstancias actuales, que cambian en cuestión de horas, se va acentuando la división entre quienes prefieren que permanezca en el cargo y los que consideran que la solución a la crisis es su renuncia.

Por su parte, los diputados pueden acelerar los procesos, que es lo mejor, o enfrascarse en componendas para aprovecharse de un momento de consecuencias impredecibles. El calendario electoral podría cambiar, como un mal menor, para que dé tiempo a implementar las modificaciones a la LEPP. Son, por supuesto, posibilidades que habría que tomar por razones de fuerza mayor. El Congreso tiene ahora la batuta y, sobre todo, la responsabilidad moral de tomar decisiones a la mayor brevedad posible, a fin de detener el actual huracán político, y eso empieza con escuchar a los sectores que se pronuncian sobre una reforma.