Bajo control de maras
Un vecino de El Mezquital relata el infierno provocado por pandilleros
Por: Pedro Pop

Pese al despliegue policíaco, las maras operan sin restricción en El Mezquital. Foto Prensa Libre: Adolfo Mejía.

“En los dos años y medio que llevo de vivir en El Mezquital, he llegado a la conclusión de que aquí la vida no vale nada, pues son los mareros quienes tienen todo controlado”, relata Alejandro M.-, quien llegó con su familia a ese lugar desde hace más de cinco años.

Alejandro asegura que ha estado cerca de, por lo menos, 60 muertos durante ese tiempo. “Hace dos semanas, por ejemplo, estaba viendo por la ventana de mi casa, cuando un vecino que trabaja como policía privado pasaba por la calle. Adelante, un marero, sin decirle nada, le dio dos balazos y el tiro de gracia”, recuerda.

En silencio

Estadísticas preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que sólo en lo que va del año han sido asesinados unos 15 adolescentes, entre ellos una estudiante, menor de edad. La mayoría, a manos de miembros de las maras “Salvatrucha” y “18”, que tienen aterrorizados a los vecinos.

De esos crímenes, nadie da cuenta. Es mejor “ver, oír y callar”, porque si no, los delincuentes se desquitan en cuanto pueden.

“Yo ya me cansé de estar callado, por eso me animé a decir lo que está pasando en El Mezquital”, dice Alejandro, quien asegura que le preocupa el futuro de sus hijos y de los jóvenes “sanos” que viven en su colonia, la cual está controlada por los pandilleros, incluyendo las áreas de El Éxodo y El Búcaro.

Tierra de nadie

Varios vecinos, que insisten en hablar bajo promesa de no citar sus nombres, por miedo a los pandilleros, afirman que aunque el Ejército y la PNC patrullen el sector, las maras se las arreglan para hacer de las suyas.

“El otro día, un bus estaba estacionado frente a varios soldados, justo cuando varios mareros nos asaltaban a todos”, relata un vecino.

“¡Esa vez casi nos desnudan! Como saben que nos guardamos el dinero en los zapatos o en otros lugares (y se señala sus partes genitales), nos registraron como pudieron. Los del Ejército ni cuenta se dieron... o no quisieron darse cuenta”, agrega.

Sin alternativa

Para estas personas, vivir en El Mezquital es difícil, pero no les queda más que aguantar, porque no tienen otro lugar a donde ir, aunque algunos hacen el intento, aun afrontando consecuencias desagradables.

Alejandro comenta que Marcelino J.-, un primo suyo, era extorsionado por los pandilleros, por lo que decidió irse de mojado a los Estados Unidos, pensando que con eso solucionaría el problema. “¡Ba...! ahora es a su familia a la que están extorsionando”, relata.

Otros vecinos tuvieron que hacer un préstamo a un banco para pagar los Q10 mil que los mareros les pedían, aunque eso tampoco los libró del problema. La extorsión continúa, y cada vez les piden más. Como muestra, a los propietarios de los comercios que todavía quedan les cobran hasta Q800 quincenales, y a quienes se oponen, simplemente los matan.

Alejandro no niega que los pandilleros “son gente que sabe lo que hace”, pues usan celulares para comunicarse con sus cabecillas, vigilantes y taxistas.

Más vale correr

Cuando por algún motivo se enfrentan integrantes de las maras “18” y “Salvatrucha”, los vecinos prefieren estar lejos del campo de batalla, porque salen a relucir armas de grueso calibre y granadas de fragmentación y caseras.

Según Alejandro, ahora que la Policía está en El Mezquital, la situación parece más tranquila, pero considera que cuando se vaya, los mareros retomarán el control con más fuerza, para recuperar el tiempo perdido.

-Nombres supuestos, para proteger la identidad de los entrevistados.

Castigo y opción

A los mareros hay que darles castigo, pero también oportunidad para que puedan salir de la pandilla.

José Quesada Fernández, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dice que los jóvenes que han transgredido la ley en las maras deben recibir castigos ejemplares, para que no vuelvan a caer en estas situaciones.

“No sólo hay que pensar en ayudarlos, sino en corregirlos”, agrega.

Emilio Goubaud, de la Alianza para la Prevención del Delito (Aprede), está de acuerdo con que se castigue a los pandilleros que han cometido delitos graves, pues nadie puede ser premiado por violar la ley.

Empero, coincide en que debe abrirse espacios para brindar oportunidades a quienes quieran salirse de las maras. “Es necesario poner en marcha planes para atender el fondo del problema, como programas laborales y educativos, pues nadie es marero porque le guste, sino por conveniencia económica”, dice.