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Guatemala, jueves 25 de noviembre de 2004

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Opinión

IDEAS
Pírrica victoria

¿Se puede preservar el estado de Derecho pasándole por encima?
Por: Jorge Jacobs A.

Para muchos, el nuevo desalojo de la finca Nueva Linda es un adelanto para el estado de Derecho en el país. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario: un retroceso.

Tendríamos que empezar porque en Guatemala realmente no existe un estado de Derecho, pero aún si existiera, todo el proceso de la finca Nueva Linda ha sido una aberración jurídica que ha sentado precedentes funestos para el futuro de nuestro país.

Primero, el irrespeto a la propiedad privada. Aunque algunos parecen todavía no entenderlo, la seguridad de la propiedad es una de las piedras angulares del desarrollo. Nuestro país no podrá desarrollarse a todo su potencial mientras la propiedad privada sea una frágil ficción que puede venirse abajo en cualquier momento, especialmente si es ante la mirada, algunas veces complaciente, pero otras, abiertamente cómplice, de las autoridades que supuestamente deberían defenderla.

Luego, el irrespeto a la ley. Las invasiones de fincas, como de cualquier otra propiedad, son un delito flagrante tipificado claramente como tal en la legislación guatemalteca. Para quien no lo sabe, esto implica que las autoridades están obligadas, por la ley, a desalojar la invasión sin siquiera necesitar una orden de juez.

Por supuesto, en Guatemala esto es casi pedirle peras al olmo, si no que lo digan los propietarios de las muchas fincas que actualmente están invadidas.

Por si eso no fuera suficiente, el irrespeto a la ley por parte de las autoridades es tal que aunque los propietarios de las fincas logren, luego de todo un engorroso procedimiento, obtener una orden judicial para desalojar la finca, aún así el famoso desalojo no se lleva a cabo. De hecho, en el caso de Nueva Linda, la orden de juez para el desalojo tenía ya casi 10 meses de emitida cuando se ejecutó.

En cualquier lugar donde se respete la ley, eso sería un desacato, pero aquí, es lo más normal del mundo y los gobernantes todavía se dan el lujo de declarar públicamente que no se acatarán las órdenes de los jueces para mantener la “estabilidad”.

Pero el peor precedente es que luego del desalojo y una nueva invasión, el Gobierno realizó todo tipo de concesiones y hasta ofreció indemnizaciones a los invasores con tal de que desistieran de seguir delinquiendo.

Para algunos, eso será un triunfo de la “negociación”. Para mí, es despreciar la ley y establecer el precedente que se puede violar la misma y todavía salir indemnizado por el Gobierno. En el corto plazo, se habrá resuelto un problema; en el largo plazo, se continúa estableciendo los cimientos de la ruina de nuestro país. ¿Será tan difícil entenderlo?

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