Acuerdo gubernativo nace débil
Acceso a información del Gobierno no tiene plazos ni sanciones
Por: Martín Rodríguez P.

Hugo Maul, comisionado de Transparencia; Óscar Berger, presidente, y Eduardo Stein, vicepresidente, defendieron ayer el acuerdo de libre acceso a la información. Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez.

Un mes de consultas internas en el Gobierno fue suficiente para desinflar la propuesta de acuerdo gubernativo de acceso a información. Después de proponer 10 días de plazo para entregar información y sanciones administrativas para quien la obstaculizara, el documento firmado por el presidente Óscar Berger se limita sólo a rendir cuentas.

Los dos pilares de la propuesta original de Hugo Maul, comisionado de Transparencia, referente a los plazos y las sanciones, fueron borrados del acuerdo final, que ayer firmaron los ministros, el gobernante y el vicepresidente, Eduardo Stein, en acto público.

“La solicitud de acceso de información debe resolverse en un plazo no mayor de 30 días”, reza el artículo 11 de la norma que regirá para las dependencias del Ejecutivo.

El plazo es el mismo que estipula la Constitución, y lejano a los 10 días límites que propuso Maul en octubre. Es más, él aseguró que se mantenía durante la conferencia con Berger, y ambos elogiaron el acuerdo.

Acuerdo débil

“Es una ley débil en materia de libre acceso, insuficiente y que lamentablemente no muestra ningún avance en transparencia en Guatemala”, opinó Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que impulsa este tipo de leyes.

Criticó que el acuerdo final haya quedado muy atrás de los avances que tenía la propuesta original de octubre.

El acuerdo tampoco dice qué pasará si no se entrega la información después de los 30 días.

Fue borrado el artículo que establecía que los funcionarios que, “de forma arbitraria o injustificada”, obstaculicen la información o la entreguen incompleta podrían ser sujetos de faltas administrativas graves.

Ahora, sólo dice que “su inobservancia se conocerá y resolverá conforme a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil”.

“No dice qué pasa si no se da la información tras 30 días; se tendría que impugnar y hacer el procedimiento administrativo. Estamos exactamente igual que con el derecho de petición”, lamentó Mario Fuentes Destarac, presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP).

Para Ileana Alamilla, de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la mutilación del acuerdo gubernativo, que lo deja sin plazos menores ni sanciones, “evidencia que al Ejecutivo sólo le interesa aparentar transparencia”.

Iniciativa, parada en el Congreso

La ley de libre acceso a laiInformación tampoco tiene señales de vida en el Congreso, desde que llegó a la Comisión de Legislación y Puntos constitucionales, propuesta por los legisladores Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Eduardo Zachrisson, de la Gana, y quien preside la sala de trabajo.

“No ha habido una sola discusión, y para temas que no son de interés nacional la Gana sí muestra voluntad política”, protestó Montenegro.

Tanto Mario Fuentes Destarac, de la Cámara de Periodismo, como Ileana Alamilla, de la APG, urgieron al Congreso agilizar el tema, tras conocer la versión final del acuerdo gubernativo de libre acceso a la información.

Una de cal y una de arena

El acuerdo se enfocó en la rendición de cuentas, no así en el acceso a información.

Las oficinas gubernamentales deberán actualizar en la Internet sus políticas y rendición de cuentas de los recursos que manejan, en los primeros tres meses de cada año.

También deberán sistematizar sus archivos, para lo que recibirán capacitación.

La información será gratuita, a excepción de los grandes volúmenes, cuando se cobrarán las copias.

No se disminuyen los plazos para entregar información ni se establecen nuevas sanciones para quienes la obstaculicen.