PUNTO DE ENCUENTRO
De obispos y mercaderes
El verdadero desarrollo busca el bien común. Arzobispo de Costa Rica.
Por: Marielos Monzón

La actitud del Gobierno en torno a la concesión para explotaciones mineras a cielo abierto hizo crisis. Públicamente, las autoridades expresan un interés por dialogar, pero a la vez toman acciones concretas que contradicen sus palabras.

Las comunidades campesinas e indígenas, en cuyas tierras operarán las mineras, sintieron y sienten, con razón, que su opinión no interesa.

En este marco fue que un gigantesco cilindro, destinado al proyecto Marlin, de la minera Montana, fue trasladado hacia San Marcos. La protesta de los pobladores terminó con un muerto y varios heridos, en una acción represiva que se ha convertido en la forma de actuar de las autoridades.

Después de la tragedia, en lugar de asumir la responsabilidad y corregir el rumbo, el presidente Berger, acusó a monseñor Álvaro Ramazzini, de ser el instigador de la movilización y de buscar el enfrentamiento.

Lo señaló de atentar contra el Estado de Derecho y la unidad nacional. Esta acusación ha dividido las aguas: la Iglesia, las organizaciones campesinas, los sindicatos y los organismos de Derechos Humanos defendieron a Ramazzini; las Cámaras empresariales lanzaron una lluvia de campos pagos y apoyaron al Gobierno. El cardenal Quezada Toruño, sintetizó con esta frase su respuesta al presidente: “Si me critican los pobres me siento mal, si me critican los poderosos me siento bien”.

Ramazzini es un obispo comprometido, respetado y apreciado en su diócesis y en todas las zonas pobres de Guatemala, donde su mensaje y su práctica, han dejado y siguen dejando huella. Golpear a Ramazzini, además de ser una injusticia y una irresponsabilidad, pues lo coloca en el blanco de sectores que han demostrado históricamente su peligrosidad, no resuelve las cosas.

Antes de acusar y señalar a la Iglesia y a un obispo, el Gobierno debería cambiar el rumbo, reconocer que no puede imponer una modalidad minera altamente perjudicial para el país y rechazada por la mayoría de la población. La encuesta publicada por el Congreso en su sitio electrónico muestra el 86.89% de los consultados está contra la minería.

Bien haría el Gobierno en respetar la legislación vigente y los compromisos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT que establece la obligatoriedad de consultar a las comunidades indígenas antes de cualquier acción en su territorio.

El monopolio del poder, la información y el ejercicio de la fuerza, no asegura que siempre puedan imponer todo. Si el gobierno quiere encontrar al responsable de los hechos de Sololá no debe buscar al obispo Ramazzini, basta con mirarse en un espejo.