Suspenden compra de libros de texto
Por: Claudia Vásquez

El Ministerio de Educación informó ayer de que el proceso de licitación de textos escolares —Dicade No. 01-2005-L— por Q86.9 millones fue improbado.

“Tras una revisión exhaustiva del proceso se encontró que se cometió una falta grave al no abrir las plicas económicas, por lo que, a nivel del despacho, según lo establece el artículo 6 de lo contencioso administrativo, se decidió abortar el proceso”, informó María del Carmen Aceña, ministra del ramo.

En su momento y de acuerdo con lo que dicta la ley, la Junta Calificadora notificó y elevó al despacho la aprobación de las adjudicaciones de esa licitación.

Al darse cuenta de ello, las empresas Gare de Creación, Pacific Printing, Editorial Santillana y Editorial Educativa impugnaron el proceso, el cual calificaron de irregular.

Tras recibir las impugnaciones, Educación revisó lo actuado por la Junta Calificadora y determinó que no se abrieron las plicas económicas. “Hubo un error administrativo en la licitación, pero creo que todos aprendemos de esto, tanto los oferentes como el Ministerio”, dijo Aceña.

Hasta 2006

La funcionaria indicó que la suspensión de la licitación impedirá que haya libros de texto nuevos en 2006. Para suplir esta falta, llevarán a cabo un programa de aprendizaje multigrado, con el apoyo de ocho mil bibliotecas.

“Contamos con suficientes libros. Este año se invirtieron Q70 millones, pero lo que queríamos era actualizar el contenido, y por eso se solicitó la impresión de nuevos textos de lenguaje y matemática —2.6 millones—”, agregó.

En detalle: Anomalías

Varios empresarios denunciaron vicios desde el principio.

El 17 de agosto se abrieron las plicas. Diez empresas participaron.

En esa ocasión la Junta Calificadora les informó de que no se tomaría en cuenta el precio de los textos, pese a que las bases establecían 20 puntos a este renglón.

El 22 de septiembre la adjudicación de Q86.9 millones se otorgó a las empresas Kamar, Ediciones Escolares (Edesa) y Grupo Editorial Norma.

Se denunció que empleados de Kamar trabajan actualmente en el Ministerio de Educación.

Se cuestionó también que María Peñalonzo, quien tuvo vínculos con las tres empresas, participó en la redacción de las bases de licitación.