Ordenan la captura de Efraín Ríos Montt
Pedido internacional de juez español Santiago Pedraz es por genocidio y otros delitos; incluye a otras siete personas
Por: Sonia Pérez, Coralia Orantes

Santiago Pedraz, magistrado del Juzgado Central de Instrucción No. 1, de la Audiencia Nacional. (Foto Prensa Libre).

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional Española, ordenó ayer la búsqueda y captura internacional de Efraín Ríos Montt y otros siete acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante el conflicto armado en Guatemala.

“Dispongo... prisión provisional comunicada y sin fianza de José Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García, Donaldo Álvarez y Fernando Lucas García”, reza la orden del juez.

Pedraz basó su decisión en el pedido del Ministerio Fiscal español que solicitó las aprehensiones por la falta de cooperación de los imputados en la investigación y la fallida visita que realizara la Comisión Rogatoria de España a Guatemala para obtener sus declaraciones, hace una semana.

“Con su actitud obstruccionista han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no sólo sus declaraciones, sino también la de los testigos que se habían propuesto”, expuso el Ministerio Fiscal a Pedraz.

El juez enmarcó los delitos en indicios racionales de criminalidad y dijo que los mismos tienen penas de hasta 20 años de prisión.

Tras su decisión, el juez inició su periodo vacacional y en su lugar queda por un mes el juez Baltazar Garzón, quien ya conoció del caso en una oportunidad.

Embargos y bloqueos

La resolución incluye también que se realicen las gestiones nacionales e internacionales para inmovilizar cuentas bancarias y bienes de los sindicados, de terceras personas o testaferros, para asegurar reparaciones a las víctimas. Se pide que se notifique a organismos financieros nacionales e internacionales, a fin de hacer efectiva la orden.

Por miles de muertes

La orden de captura incluye al ex jefe de Estado Romeo Lucas García, quien falleció el 27 de mayo recién pasado en Venezuela, porque oficialmente no se ha informado del deceso.

A los imputados les detalla su responsabilidad en aproximadamente 100 masacres, en las que murieron más de seis mil personas.

“Desde la citada estructura gubernamental se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya. Esa violencia se materializó en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres etcétera, haciendo del terror un modus vivendi”, imputa el juez.

Lo dispuesto se sustenta en la jurisprudencia española, la Convención contra la Tortura, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Contra este fallo se podrán interponer recursos con plazos de tres y cinco días sin que éstos puedan suspender lo ordenado.

El ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, dijo ayer que la orden de aprehensión aún no había sido recibida por la Interpol, pero que cuando llegue “tendremos que ejecutarla”.

Agregó que la Policía hará lo que tenga que hacer conforme a la ley, pero que es probable que este asunto lleve bastante tiempo.

Buscados por la justicia internacional

Militares y civiles deberán responder por genocidio en Guatemala.

•Efraín Ríos Montt, jefe de Estado del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. Se le acusa de responsabilidad en más de 47 masacres.

•Óscar Mejía Víctores, general que gobernó el país del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986. Señalado de más de 47 masacres.

•Romeo Lucas García, presidente de 1978 a 1982. Señalado de más de 43 masacres. Su deceso no ha sido notificado a España.

•Ángel Guevara, Ministro de Defensa del gobierno de Romeo Lucas García. Acusado de más de 43 masacres por la justicia española.

•Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército del gobierno de su hermano. Acusado de más de 43 masacres.

•Germán Chupina, director de la Policía Nacional del gobierno de Lucas. Señalado por la quema de la Embajada de España, en 1980.

•Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación de Lucas. Acusado de la quema de la embajada. Prófugo desde el 2004.

•Pedro García Arredondo, ex Jefe del Comando 6 de la Policía Nacional en la época de Lucas. Señalado de la quema de la Embajada.

Procedimiento a ejecutar

Ahora la orden del juez debe ser notificada a la Interpol de Francia, para que a su vez remita a los 184 países miembros, entre ellos, Guatemala, para ejecutar la búsqueda y orden de captura.

Siete años de trámite

La premio Nobel Rigoberta Menchú presentó la demanda en España desde 1999.

Acepta conocer

En diciembre de 1999, el juez de la Audiencia Nacional Española, Guillermo Ruiz, da trámite a la denuncia de Menchú por delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas.

Fiscal en desacuerdo

Por considerar que España no es competente para conocer la denuncia, el fiscal de ese país Pedro Rubira pide archivar el caso, lo cual fue declarado improcedente por Ruiz Polanco, que ratificó la competencia en abril del 2000.

Ex embajador señala

Máximo Cajal, ex embajador de España en Guatemala, declara ante juez y señala a las fuerzas de seguridad como responsables del asalto a la sede, donde murieron 37 personas.

Otra vez no

La Audiencia aduce que no puede perseguir crímenes cometidos en Guatemala. Menchú impugna en Tribunal Supremo de España que dice sí, pero sólo para crímenes cometidos por gobiernos militares contra españoles.

Permiso

Se solicita a Guatemala que permita que una comisión rogatoria española llegue a tomar declaración a ocho imputados; la Corte Suprema de Justicia acepta.

Detenciones

En febrero de 2004 el juez español Fernando Grande-Marlaska emite captura contra Donaldo Álvarez y Romeo Lucas, el primero residente en México, y el otro, en Venezuela.

México acepta

La orden de captura emitida por España contra Álvarez Ruiz llegó a México, país que procedió a ejecutarla, pero el ex ministro de Gobernación guatemalteco logró huir.

Contra Lucas

Tras la detención girada por España contra Lucas, Venezuela, donde residía el ex jefe de Estado, no acepta, con el argumento de que éste padece trastornos graves de salud.

Competencia

En el 2005, el Tribunal Constitucional de España sentencia que la justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, aun cuando no haya víctimas españolas.

Genocidio: Justicia universal

Además de Guatemala, la Audiencia Nacional de España ha conocido otros casos:

Argentina, genocidio cometido de 1976-1983.

Chile, captura contra ex presidente Augusto Pinochet.

Tíbet, al ex presidente chino Jiang Zemin por crímenes en el Tíbet entre 1960 y 1970.

Aduce que por el Derecho internacional, los Estados deben perseguir estos delitos.

•Rigoberta Menchú:

“Una prueba para la justicia y democracia del país”

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú dijo sentirse muy feliz por la orden del juez Pedraz.

Entrevistada ayer en su casa, manifestó que es una prueba para la justicia y democracia de Guatemala la ejecución de la orden del juez. “Lo procedente es exigir que se dé cumplimiento a la orden, no sólo en Guatemala, sino en todos los países, tanto la captura como los embargos y bloqueos de cuentas”, declaró.

“Los crímenes no prescriben... tardó 26 años para que emitieran la orden de captura, tarde o temprano tienen que ejecutar esto... aquí no aplica una amnistía”, expresó Menchú en alusión a lo expuesto por defensores de los militares señalados.

La Nobel interrumpió su celebración del día sagrado “Imox”, de limpieza, en el que realiza ceremoniales mayas para mostrar su felicidad por la orden. “El éxito del juzgamiento del genocidio en Guatemala va a ser un reflejo de que la humanidad de verdad juzga el genocidio en el mundo; es una prueba para la justicia universal”, dijo Menchú.

La Asociación de Víctimas de Genocidio, el Grupo de Apoyo Mutuo y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, entre otros, apoyaron la resolución judicial emitida.

Defensores: “Gozan de amnistía”

Después de que los abogados defensores conocieron la decisión del juez Santiago Pedraz, la calificaron como una violación al debido proceso, prepotente y un show político.

Los defensores de los militares Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, Germán Chupina y Ángel Aníbal Guevara dijeron que sus representados gozan de amnistía, por lo que no pueden ser juzgados por delitos de genocidio y crímenes ocurridos durante la guerra en el país.

“La orden de captura sólo tiene efecto en España, además mi defendido fue amnistiado desde septiembre de 1990 por un juez de Jutiapa bajo la vigencia del decreto 32-88”, adujo Francisco Palomo, abogado de Ríos Montt.

Los defensores esperan ser notificados por la vía legal y aseveran que para que se pueda dar una captura se tiene que solicitar a un juez guatemalteco.

Sobre el congelamiento de bienes y embargos de cuentas ordenado por Pedraz, argumentaron que tiene que hacerse a través de los canales diplomáticos respectivos.

Saldrá del país

Fernando Linares Beltranena, abogado de Mejía Víctores, explicó que su defendido tiene pensado salir del país el próximo mes.

“El general Mejía ha pensado viajar a Estados Unidos o México, porque la jurisdicción de España no alcanza a dichos países”, sostuvo.

Mejía está amnistiado bajo la Ley de Reconciliación Nacional, aseveró. Dijo que en Madrid recusarán al juez Pedraz.

Juicio por prevaricato

“Contrataremos a un abogado en España e iniciaremos una acción contra el juez por el delito de prevaricato”, manifestó José Toledo, abogado de Guevara.

Según Toledo, esta es una reacción de prepotencia del juez español y un show de Rigoberta Menchú.

Añadió que harán llegar a España copia de los documentos que acreditan que Guevara goza de una amnistía otorgada.

Dispuesto a declarar

“Mi defendido está dispuesto a ir a declarar, siempre y cuando se cumpla con todos los requerimientos legales”, manifestó el abogado Carlos de León Velasco, defensor del ex director de la desaparecida Policía Nacional, Chupina Barahona.

Agregó que la decisión del juez Pedraz está revestida de ilegalidad y que una captura no es sólo “así por así”.

Efecto

“La orden de captura emitida sólo tiene efecto en España, y el general no tiene intención de viajar a ese país”. - Francisco Palomo, abogado defensor de Efraín Ríos Montt.