Sin obtener permiso de allanamiento
MP, PNC y tribunales se culpan entre ellos, por ineficiencia en el trámite
Por: Olga López, Lorena Seijo, Coralia Orantes

Grupos sociales recuerdan a víctimas del conflicto armado con una protesta frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia; también exigen que se agilice el proceso para capturar a Ríos Montt. Foto Prensa Libre: Victorino Tejaxún.

La falta de la orden de allanamiento para la vivienda del general Humberto Mejía Víctores, ex jefe de Estado, impide su captura, tres días después de que fuera dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia.

Dimes y diretes rodean el intento de captura de Mejía Víctores. Mientras la Policía asegura que tramitaron con tiempo y datos suficientes la petición de allanamiento de la casa del ex militar, la Fiscalía se defiende con el argumento de que ellos colaboran en el proceso.

Un tercero en discordia es el tribunal que señala que la solicitud no está sustentada y que no especifican el número de la vivienda donde harán el operativo.

La primera petición se hizo el 7 de noviembre, y en ella, el Ministerio Público (MP) solicitó que se allanen los 36 apartamentos que hay en el condominio donde vive Mejía, pero el tribunal no la aceptó, porque no se especifica en cuál se encuentra él.

“Se pidió la orden de allanamiento para todos los apartamentos porque Mejía tiene familiares y amigos en el condominio, que pueden protegerlo en sus casas a la hora del allanamiento, pero la jueza Morelia Ríos no aceptó”, contó Renato Durán, fiscal de Delitos contra la Vida.

A la 13.30 horas, el MP presentó de nuevo la petición, esta vez pedían ingresar en cuatro apartamentos, entre los que se incluía el B2, que figura a nombre de Mejía Víctores, así como el C3, C2 y B1. Pero la acción también fue denegada.

“El MP ha hecho la solicitud dos veces, en la primera se le dijo que debían especificar en qué apartamento se encuentra, repitieron la petición, pero en igual forma no viene concreta la solicitud y se les vuelve a poner el mismo previo”, explicó Morelia Ríos, presidenta del tribunal.

Javier Figueroa, subinspector de investigación de la PNC, aseveró: “No tiene sentido ingresar sólo en su apartamento, cuando él tiene acceso a todo el condominio”. Investigadores de la Policía creen que hay falta de voluntad para aprobar al allanamiento.

Delia Dávila, fiscal del caso, comentó que agilizarán las acciones para que se pueda ingresar hoy al inmueble, pues la Policía asegura que Mejía sigue allí.

Este caso se puede comparar con el de Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia desde diciembre de 2004, cuando por el atraso en extender la orden de allanamiento él pudo huir a México.

Exigen captura de Efraín Ríos Montt

Miembros de organizaciones sociales hicieron ayer una manifestación pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de aplaudir la resolución que da trámite a las órdenes de captura contra tres militares retirados y un civil, vinculados a la quema de la Embajada de España, así como para solicitar que se agilice el proceso de aprehensión de otros militares.

Con consignas como “por la justicia, falta Ríos Montt” y “Ríos Montt a Pavón”, los manifestantes pidieron justicia por la muerte de miles de personas a causa del conflicto armando interno.

“Este es un día para celebrar, pues después de tantos años empezamos a tener esperanza en que la justicia llegará, y esperamos que muy pronto se logre la captura de aquellos que han quedado fuera, pues sabemos que se pudo haber dado un error, pero éste será subsanado”, manifestó Edda Gaviola, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos. En los próximos días harán otra protesta.

Uno de los presentes derramó sus lágrimas frente a la fotografía de Gustavo Hernández, quien fue su compañero en la universidad; también recordó la forma en que él logró escapar de los asesinos.

Quema de la embajada

Después de 26 años se busca que se haga justicia por la muerte de 37 personas.

El 31 de enero de 1980, campesinos de Quiché tomaron la Embajada de España, para denunciar las masacres que sufrían por parte del Ejército.

Las fuerzas de seguridad ingresaron en la misión diplomática en forma violenta y se produjo un incendio.

No se aclaró judicialmente de quién fue la responsabilidad.