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Guatemala, martes 14 de agosto de 2007

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Nacionales

Discuten manual de funciones de Cicig
Por: Francisco González Arrecis

Ayer se creó el equipo de trabajo que preparará las condiciones para que la Comisión de Investigación contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sea implementada y pueda empezar a trabajar, y comenzó la discusión del manual de funciones de ese ente.

La ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte; el fiscal general, Juan Luis Florido, y Luis Felipe Polo, asesor de la Vicepresidencia, junto con otro número de asesores, integran el grupo que ayer se reunió con el vicemandatario Eduardo Stein para formalizar la constitución de la Cicig e iniciar el trabajo.

Polo explicó que la primera tarea será estudiar el borrador de manual que regule las funciones de la Comisión, en la cual se deberán dejar explícitos los compromisos del Gobierno y del Ministerio de Público para ayudar a las investigaciones que desarrolle aquel ente, que contará con expertos internacionales.

“Por ejemplo, está el que el MP debe nombrar fiscales especiales para investigar la casos que decida la Cicig, y hacer la persecución penal”, comentó Polo.

La próxima semana se volverá a reunir este grupo de trabajo para comentar sobre el manual.

La idea es que se adelanten procesos administrativos mientras en la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, se nombra a la comisión preparatoria -que incluirá al comisionado o comisionada y al equipo de expertos que dirigirán las investigaciones en Guatemala-.

“Cuando se haya definido el texto final del manual de operaciones, éste será compartido con la comisión de Naciones Unidas, para su aprobación”, añadió Polo.

Primeros acuerdos

Los principales compromisos del Ejecutivo y el MP son:

El Ministerio Público deberá nombrar a fiscales especiales para las investigaciones y la persecución penal que defina la Cicig.

Coordinar para que la Cicig pueda convertirse en querellante adhesiva en procesos.

El Gobierno deberá proponer reformas legislativas a fin de establecer modos de investigación y procesamiento judicial.

El Ejecutivo deberá proporcionar el inmueble donde opere la Comisión; el financiamiento vendrá de la comunidad internacional.

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