Vivienda, un proyecto de 20 años
Déficit habitacional requerirá que el Gobierno invierta Q22 mil millones durante los próximos veinte años
Por: Carlos Menocal

El Estado debe fomentar la vivienda. (Foto Prensa Libre).

Apesar de ser un mandato constitucional, se acaba otro gobierno y el problema de la vivienda sigue latente en el país. El 46 por ciento de la población no tiene un techo propio para vivir, y un 22 por ciento habita en condiciones infrahumanas.

Para solucionar este problema, que es de Estado, los próximos gobiernos deben invertir Q22 mil millones durante 20 años, mínimo. Los primeros pasos ya se han dado, pero, según expertos, falta mucho por hacer.

La política nacional de vivienda revela que el déficit habitacional es de un millón 21 mil 592 casas. De ese total, el 58 por ciento (es decir, unas 594 mil familias) no tiene posibilidad económica de comprar, por estar bajo la línea de la pobreza, viven con menos de US$1 al día.

José Luis Gándara, viceministro de Vivienda, explica que el gobierno que dirigirá Álvaro Colom deberá fortalecer los proyectos habitacionales, para cumplir con una de las metas del milenio trazadas por las Naciones Unidas y relativa a erradicar los asentamientos precarios en áreas rurales y urbanas.

“Hicimos una estructura en donde ahora trabajan más de 30 entidades que juegan distintos roles en cuanto a vivienda; constituimos una política de Estado y duplicamos el número de casas entregadas”, dice Gándara.

Se duplican

En tres años, la administración Berger subsidió a más del doble de familias de las que benefició su antecesor Alfonso Portillo.

Según la memoria de labores del sector vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Gobierno entregó 64 mil 579 subsidios (38 mil 395 más que el anterior), con un costo de Q440.17 millones. Y hasta el año pasado se invirtieron Q13 mil 720 millones.

El viceministro explica: “Duplicamos la inversión y tuvimos un crecimiento. Si se continúa con este ritmo, se podría cumplir con el objetivo habitacional en 10 años”.

A través del Fondo Nacional para la Vivienda (Foguavi), se construyeron 27 mil 316 viviendas, con un costo de Q433 mil 561.

Otro factor interesante es que, en los últimos tres años, las cooperativas y las remesas han contribuido a la construcción de nuevas viviendas. El primer sector aportó a través de préstamos Q818 mil 452, y el segundo, Q1 mil 401 millones.

Para el geólogo y experto en asentamientos humanos Manolo Barillas, la medida es un aliciente inicial, y espera que los más beneficiados sean quienes viven en lugares peligrosos.

“En Guatemala hay cientos de lugares que están en situación de riesgo, por los deslaves y los derrumbes. Entonces hay que pensar en ellos”, dice Barillas.

Para Eduardo Velásquez, economista y director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estas medidas no son suficientes. A su criterio, se necesita impulsar una política de vivienda distinta de la que han apoyado los gobiernos anteriores.

Otras naciones como El Salvador y México han impulsado proyectos habitacionales al alcance de los pobres y han comprado tierras a bajos precios.

En el caso de Guatemala, el Foguavi subsidia con Q16 mil 500 a las familias de escasos recursos, quienes deben buscar un proyecto habitacional que se adecúe a esa cantidad. Los beneficiados deben pagar Q5 mil, ya sea con trabajo, materiales o en efectivo, para obtener viviendas que no sobrepasen los Q80 mil.

José Ventura, arquitecto y experto en análisis poblacional, asegura que el Gobierno desarrolla los proyectos en una forma inadecuada.

Las viviendas se construyen en lugares recónditos, marginales, alejados casi siempre de donde las familias realizan sus actividades productivas, lo cual genera más pobreza, pues deben invertir más dinero para su traslado.

“No hay una ubicación estratégica de los proyectos. Lo que he observado es que están retirados de las periferias urbanas, y eso obliga a las familias a que utilicen hasta tres camionetas para trasladarse a su trabajo, y viceversa. Está bien tener casa, pero el dinero escasea, pues se usa en transporte”, cuestiona.

La situación es compleja. Si el ritmo de construcción continua así, para el 2020 el déficit será menor; sin embargo, el crecimiento poblacional puede incidir negativamente.

El documento “Política Nacional de Vivienda”, advierte: “El aumento anual de la población y el tamaño promedio de las familias hacen que cada año 90 mil 912 hogares demanden vivienda nueva y que, por ello, aumenten el déficit cuantitativo”.

El viceministro Gándara asegura que se ha establecido una proyección de cuántas viviendas habrá que construir por año. “A lo largo de 22 años se tiene que invertir Q22 mil millones, para atender el segmento de pobreza y extrema pobreza”, explica.

Además, el país deberá buscar el financiamiento de otros Q130 mil millones, para cubrir la demanda de casas de aquellos sectores que no se encuentran en las esferas de la pobreza y la pobreza extrema.

Gándara cree que el mercado podría ser productivo, si las tasas de interés bancario para estos sectores sociales fueran fijas. Sin embargo, en este momento las tasas son variables y dependen de políticas macroeconómicas que las mantienen entre el 12 por ciento y 14 por ciento.

Avance en reconstrucción

Otros beneficiados con la política de vivienda han sido aquellos que necesitan que sus casas sean remodeladas o readecuadas.

Alejandro Vásquez, de la comunidad El Cerrito, es un ejemplo de ello. Su anterior casa era de lepa, lámina recortada y cartones, ahora reside en una unidad mínima que protege a su familia. “Mi familia está más contenta porque mejoramos la casa. Ahora ya no hay ni lodo ni tierra”, comenta.

La casa de los Vásquez tiene piso de torta de cemento, el techo aún es de lámina, pero ya fue construida con block, tal y como lo establece el proyecto de vivienda mínima.

Como los Vásquez, más de 60 mil familias fueron atendidas para mejorar sus casas, ampliarlas o adquirir lotes. Esta actividad generó una inversión que supera Q1 mil 184 millones para recudir el déficit cualitativo.

Los proyectos están distribuidos en todo el país, pero las comunidades menos atendidas son aquellas que se ubican en Chiquimula, Izabal, Baja Verapaz y El Progreso, lugares donde los indicadores de pobreza superan el 40 por ciento.

Para contrarrestar esta deficiencia nacional, la política de vivienda establece como una de sus metas elaborar estudios de demanda y oferta habitacional en el ámbito municipal.

Además, sugiere informar a las poblaciones y organizaciones sociales para que participen en el desarrollo de proyectos habitacionales.

Continuar y mejorar

Édgar Barquín, responsable del área económica del gobierno que presidirá Álvaro Colom, reconoce que en el tema habitacional hubo avances y que se continuará con el proyecto de Foguavi, pero que habrá que modificar algunas de sus acciones.

Barquín sostiene que la agenda prioritaria de la Unidad Nacional de la Esperanza y de Colom será atender la demanda de vivienda de quienes viven en la pobreza y pobreza extrema.

“La política está orientada, en primera instancia, a atender a los sectores más vulnerables que viven en pobreza y pobreza extrema”, sostiene.

Según el plan de gobierno, Colom impulsará 200 mil soluciones habitacionales en sus cuatro años de gobierno.

Barquín explica: “Vamos a impulsar este esfuerzo a través del Foguavi, pero reestructurado y con la creación de fondos para esfuerzos colectivos con el Estado y la ciudadanía”.

En cuanto a la clase media, dice que buscarán negociar con los bancos que las tasas de interés no sean cambiadas cada cierto tiempo. “Queremos llegar a acuerdos con el sector bancario, para que haya mecanismos que establezcan tasas fijas”.

La idea, dice Barquín, es crear un fondo que permita la contratación de préstamos con garantía. “Se estima que, con ese fondo de Q10 millones, el sistema bancario pueda dar hasta Q200 millones de préstamo. No todos los deudores caen en insolvencia. Si alguien no paga, el fondo responde con esa garantía, pero recupera la casa. Se trata de recursos revolventes”, dice.

El reto es grande para Colom y para sus sucesores, pues será hasta en el 2020 cuando se sabrá si los futuros mandatarios cumplieron en ese tema.

De momento, la ciudadanía ha depositado sus esperanzas en las promesas de campaña del presidente electo: “Vida, desarrollo y paz”. Sus acciones tendrán que coincidir con lo prometido.

• Obligación a cumplir

Mandato constitucional

El artículo 119 de la Constitución Política de la República establece que es obligación del Estado fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamientos adecuados, a efecto de que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad.

Además, el Congreso de la República aprobó en 1996 la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos, que ordena que el Ministerio encargado del caso debe ejercer el papel de facilitador del desarrollo habitacional del país y será el responsable de propiciar la cooperación entre entidades e instituciones públicas y privadas, con el objeto de promover el desarrollo de la vivienda y los asentamientos.

Pese a ello, en la agenda de los gobiernos el tema habitacional no ha sido prioridad.

Uno de los proyectos que fue impulsado durante más de 20 años fue el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi); sin embargo, la institución tuvo que cerrar, debido a los constantes actos de corrupción e insolvencia.

A la fecha, existen miles de familas beneficiadas del Banvi que le adeudan al Estado los montos de sus viviendas. La cartera morosa de esa institución ha sido recuperada en los últimos cuatro años por Udevipo, que ha recaudado Q124 millones.