MACROSCOPIO
Un escarmiento
Si la ley no se aplica, se mandarán más señales a los que violan la ley de oficio.
Por: Humberto Preti

Uno de los más execrables hechos de violencia se dio esta semana, cuando un par de sátiros asesinaron cobardemente a una niña de tan sólo 7 años de edad.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar; las primeras, las de los vecinos y amigos de la familia, quienes exigen la máxima pena contemplada en nuestras leyes, que es la pena capital; de inmediato algunas organizaciones no gubernamentales que siempre han apoyado a los transgresores de la ley se manifestaron en contra de esta opción, algunos aduciendo que sólo a los pobres se les aplica la ley y algunos otros argumentos que no vale ni la pena mencionar, ya que sabemos que ellos obtienen sus financiamientos de los amigos de ayudar a grupos que son parte de un orquestado plan de desestabilización de las sociedades democráticas, pero por supuesto jamás condenan los hechos que se dan en los países totalitarios.

Las acciones del Ministerio Público deben de ir rápidamente hacia un juicio sumario, ya que las evidencias son irrefutables, y esperamos que en esta ocasión la Procuraduría de los Derechos Humanos no obstruya la justicia a través de sus ya acostumbradas intervenciones. Desde luego, ya nos enteramos de que la ofensiva de los metiches internacionales ya está lista para parar cualquier acción que vaya hacia la pena capital.

Nos gustaría saber las intenciones de la Procuraduría en el caso de Pavón. Creo que aumentará sus acciones en contra del ex director de Presidios, ya que se tratará de destruirlo políticamente y de hacerle una imagen negativa, pero creo que, según lo que se oye entre la población, las cosas se le van a revertir.

Como siempre, parece ser que la justicia siempre tiende a ser criticada cuando se aplica con firmeza, pero no se dice nada cuando se trata de afectar a sus compinches; por ejemplo, se sigue hablando de castigo a responsables de Xamán, pero no se pide nada contra los que dirigieron la matanza de El Aguacate; sencillamente el Ministerio Público se desentendió después de que el comandante la ORPA declaró que ya él había mandado a fusilar a los culpables, ¿quiénes fusilaron a los culpables? ¿Con qué autoridad lo hicieron? ¿Cuál era el estatuto de derecho que los autorizaba?

Aquí no vemos al Procurador ni a las ONG que se dedican al tema pronunciarse; por supuesto que al que lo mencione se le tildará de derechista radical y de amigo de los militares.

Ya la población está harta de la criminalidad y de que no se aplique la ley con todo su peso, ya está harta de que jueces corruptos dejen en libertad a delincuentes al día siguiente, está harta de que los fiscales no presenten pruebas contundentes para que los tribunales juzguen mejor; la realidad es que está harta de un sistema que, además de ser ineficiente, todavía es apoyado por los defensores de los derechos de no sabemos quién, pero no son los que la población necesita que se defiendan.

Cuando la delincuencia ve que el castigo no es real, que se minimiza, y que además sabe que tendrá sus defensores a título gratuito, pues sus acciones criminales se incrementan, pues están conscientes de que la impunidad será su mejor aliada.

Este último caso tuvo una gran divulgación, pero he sabido que lo mismo sucede con frecuencia en el área rural, y allí la impunidad es mayor, pues la población no tiene acceso a los medios.

Nuestro sistema jurídico está a prueba, las acciones que debe de tomar, en este caso y en otros que son igualmente condenables, son vitales, y su lento o rápido accionar será de suma importancia para dar a la delincuencia un escarmiento.