Presión mortal para dejar los estudios
La incesante amenaza de las pandillas juveniles, el abandono en que se encuentran los institutos y las dificultades económicas que afrontan las familias han originado que muchos adolescentes abandonen sus estudios
Por: Lorena Seijo

Las maras han venido a añadir una dificultad al ya de por sí complicado mundo en que viven los adolescentes guatemaltecos. Ramón* tiene 15 años, pero ya ha tenido que cambiarse de instituto cuatro veces. Las dificultades económicas, los conflictos en su barrio, pero, sobre todo, la fuerte presión que ejercen las maras, no lo han hecho flaquear en su empeño por terminar su carrera.

El acoso al que se ha visto sometido tiene como fin que se integre a una pandilla. Sus padres, preocupados, después de haberlo inscrito en dos institutos hicieron el esfuerzo de pagarle un colegio, pero a los seis meses los mareros volvieron a amenazarlo. Después de analizar todas las posibilidades y tomando en cuenta que deseaba continuar estudiando, fue transferido al plan de fin de semana.

Los mismo le sucedió a Jessica*, quien tuvo que retirarse del instituto Atlántida, zona 18, porque fue amenazada por pandilleros. “Un día me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que no me preocupara porque contra mí no tenían nada, pero el miedo era constante”, cuenta la joven.

Durante dos años fue testigo de cómo sus compañeros de clases iban cayendo en las redes de la mara, uno por uno.

“Venían drogados a clase, llevaban armas y extorsionaban a los propios compañeros”, relata. La situación llegó a ser tan descarada que consumían cocaína en mitad del patio y portaban fusiles de asalto. “Algunos maestros se daban cuenta, pero no decían nada, por miedo a las consecuencias”, recuerda.

Algunos docentes, incluso, han terminado haciéndose cómplices de los antisociales y les ayudaban en la distribución de drogas, relatan estudiantes de Villa Nueva y la capital. Dos compañeros de Jessica fueron asesinados en menos de un año, y un tercero quedó inválido.

Denuncias

De los 645 mil adolescentes que acuden a institutos de la capital, la mayoría reside en áreas conflictivas como las zonas 1 (21 mil), 6 (24 mil), 7 (42 mil), 18 (58 mil) y 21 (23 mil), según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Precisamente, de los establecimientos públicos que funcionan en esos lugares es de donde proviene la mayoría de denuncias por amenazas, venta de drogas en el interior de los planteles y agresiones de pandilleros que ha recibido la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“Nosotros recibimos muchas denuncias de los padres de familia que no saben qué hacer para proteger a sus hijos. Algunos optan por cambiarse de barrio, pero los que no tienen posibilidades económicas los retiran de la escuela y los ponen a trabajar”, informa Nidia Aguilar, procuradora de la Niñez y la Adolescencia.

El Instituto Nacional Villalobos, zona 12, ha afrontado numerosos problemas en la jornada vespertina. Vilma Morales, orientadora de ese centro, refiere que son los mismos estudiantes quienes extorsionan a compañeros y maestros.

“El año pasado, algunos de nuestros estudiantes tuvieron que abandonar las clases porque se mudaron de barrio, por las amenazas. No sé si siguieron estudiando”, comenta. A pesar de que las autoridades del plantel han solicitado a la Policía que les brinde seguridad, y al Ministerio de Educación, fondos para circular el recinto, no han sido escuchadas.

De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la tasa global de deserción entre los jóvenes de 15 a 19 años es de aproximadamente 40 por ciento en áreas urbanas.

Una de las consecuencias de la clara falta de apoyo es la creciente tasa de deserción escolar. “En el Rafael Aqueche hicimos un estudio el año pasado, y la inscripción había disminuido un 50 por ciento”, refiere Aguilar.

Los institutos reconocen que cada vez les cuesta más llenar la cuota requerida. “Los inscriben a principios de año, pero cuando empiezan las amenazas, los retiran”, afirma una docente del Instituto Nacional Central para Varones (INCV), zona 1.

Telma Mazariegos, directora del instituto Virgen Poderosa Casa Central, zona 1, cuenta que hasta hace un par de años, en agosto ya tenían completo el cupo de estudiantes, pero que este año les sobran plazas.

Los colegios también han empezado a temer complicaciones. “A pesar de que se tiene que pagar una cuota, los muchachos son asaltados a la salida”, dice Mazariegos. La consecuencia ha sido que los padres ya no quieren matricular a sus hijos en establecimientos de la zona 1 y se los lleven a lugares más cercanos a sus trabajos o a su residencia.

El miedo de los padres de familia está justificado. Este año tres estudiantes del INCV han sido atacados. Uno fue apuñalado en el corazón por un supuesto pandillero. A otro le rasguñaron los brazos con un cuchillo, y el tercero fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando acudía al sepelio de un amigo, en el Cementerio General. Ninguno pertenecía a pandillas.

“Estos muchachos se enfrentan a un doble acoso, el de la mara, que los presiona a que se unan a ellos o los extorsiona, y el de las autoridades, que los ven siempre como sospechosos”, explica Aguilar.

Morales lamenta que al esfuerzo que tanto maestros como padres han hecho para que sus hijos sigan estudiando, las autoridades no hayan sabido responder con políticas preventivas y apoyo efectivo.

*Nombres ficticios

Historia: Una vida llena de complicaciones

Pablo* no sólo ha tenido que enfrentarse al acoso de las pandillas sino también a una vida llena de dificultades. Criado en un hogar con muchas complicaciones económicas, el vivir en un barrio de la zona 18 lo convirtió en carne de cañón para las pandillas.

Su empeño en seguir estudiando quedó demostrado cuando se pasó a la jornada de fin de semana para poder trabajar de lunes a viernes para ayudar a su familia. Ahora su mayor preocupación es el peligro que enfrenta cuando va a estudiar, ya que uno de sus mejores amigos fue asesinado hace poco, según relata de su puño y letra en un biografía escrita como trabajo de clase.

Relato: Soporte de la familia

Juan*, de 17 años, ha tenido que trabajar para sostener a su familia. Ser indígena y pobre han marcado toda su vida. Su padre no ha conseguido trabajo este año en las maquilas y la caída de la microeconomía ha provocado que su madre no gane lo suficiente para mantenerlos a todos en el mercado.

Eso ha provocado que toda la responsabilidad del sustento de su familia recaiga sobre sus hombros. Su frustración se la ha transmitido a sus maestros del Instituto Central para Varones, que le han aconsejado seguir estudiando para poder tener más oportunidades en el futuro. Cada día debe superar cientos de obstáculos para poder llegar a estudiar.

“Los jóvenes no se dan cuenta de lo privilegiados que son”

La ministra de Educación, María del Carmen Aceña, señala que los casos de alumnos o maestros que no siguen acudiendo a los institutos públicos son excepcionales. “A veces esto se utiliza como excusa para no seguir estudiando”, dijo.

Para la ministra es cultural que los adolescentes abandonen la escuela a cierta edad, porque sus padres no los apoyan.

“Se perdió la disciplina y los jóvenes no se dan cuenta de lo privilegiados que son al tener educación básica gratuita”, añade.

En el ministerio se tiene programada una reforma de la secundaria con el objetivo de que todos los alumnos estudien hasta tercero básico, pero dándoles la posibilidad de que trabajen mientras estudian.

“Lo que necesitamos es que sea una estrategia de país y que tengamos los recursos. Si no tenemos los recursos de parte del Congreso, no podemos”, afirma. También puntualiza que se necesitan maestros más preparados y mejor pagados.

“Necesitamos colaboración de los institutos para desmantelar estos grupos”

El ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, dijo que son conscientes de que el problema de las maras afecta sobre todo a los más pobres. “Esto es un problema social, que se debe abordar desde todos los ámbitos. Nosotros como policías estamos haciendo todos los esfuerzos para las investigaciones”, añade.

Según el funcionario, hay planes específicos con relación a la vigilancia y protección de centros educativos que han presentado las denuncias en el Ministerio Público. El grupo de la unidad antimaras tiene asignadas las investigaciones de los institutos para intentar desarticular estos grupos, pero la protección a los centros ha sido puntual.

“Somos conscientes de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la prevención, pero les pediríamos a los institutos que tuvieran un comunicación más cercana con nosotros, para poder aportar a las investigaciones”, comentó. También aconsejó a los padres que no acepten ningún tipo de extorsión, por muy pequeña que sea, porque después las cantidades se incrementaran.

Cifras

1.4 millón de jóvenes cursan el ciclo básico en el país, según el INE -tres millones menos de los que estudian primaria-.

645 mil jóvenes están en la secundaria, en la capital.

40 por ciento es la tasa de deserción escolar en las áreas urbanas según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.