Seguridad y justicia, pendiente
Tres expertos en seguridad y justicia discuten sobre la violencia que afecta al país y elaboran propuestas en busca de una seguridad preventiva, y no sólo reactiva ante los hechos, además de una adecuada aplicación de la justicia cumplido el proceso penal
Por: Leonardo Cereser

El foro “Seguridad y justicia, un tema pendiente” se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Francisco Marroquín. En él se destacó la importancia de una política de seguridad integral. Foto Prensa Libre: María Fleischmann.

La falta de una Policía volcada a la protección de la ciudadanía, la ausencia de una política de seguridad a largo plazo y la escasa labor de prevención del delito fueron algunos de los criterios expuestos por los expertos en el foro “Seguridad y justicia, un tema pendiente”, organizado por Prensa Libre y cuatro universidades del país.

El foro, efectuado el martes recién pasado, se da en un marco en el que la inseguridad agobia a los guatemaltecos. Las cifras de 2007 son reveladoras: 876 homicidios, más de 78 muertes de mujeres, unos 21 secuestros registrados, más de 73 domicilios allanados por delincuentes y más de 655 vehículos robados, además de las constantes acusaciones en contra de policías involucrados en hechos delictivos. Las estadísticas confirman, además, la lentitud en el avance de la justicia.

El panel estuvo integrado por Carmen Rosa de León Escribano, socióloga y directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible; Iduvina Hernández, directora del Grupo de Seguridad en Democracia (Sedem); Claudia Paz y Paz, abogada y directora de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

“Se pretende que este foro sea un espacio de discusión para debatir temas en un Estado moderno, por eso se habla de seguridad preventiva, reactiva y la aplicación de justicia”, fue la introducción que hizo el moderador Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Francisco Marroquín.

La misión de la Policía

Cada panelista tuvo 10 minutos para exponer acerca del tema. De León habló sobre el sentido de la seguridad que aplica la Policía Nacional Civil (PNC).

“Luego de los acuerdos de paz, se debieron dar cambios, ya que la seguridad pasó de estar enfocada en proteger al Estado a una Policía orientada a anticiparse y defender los derechos de los ciudadanos”, expuso.

De León explicó que han transcurrido 10 años de transición, y aunque hay avances en la parte conceptual, en la práctica aún queda mucho por hacer.

“Los agentes siguen actuando bajo las reglas del pasado”, destacó.

De León explicó que los atentados del 11 de septiembre en Nueva York marcaron un retroceso, ya que los pasos en pro de la seguridad ciudadana se volcaron a brindar seguridad al Estado, por la amenaza del terrorismo, aunque ese no sea el principal problema que afecta al país.

“Hay nuevos desafíos y amenazas, como las pandillas juveniles, crimen organizado o delincuencia común. Se debe resolver la base de la violencia y anticiparse a estos fenómenos”, comentó.

Señaló que la Policía debe manejar una inteligencia adecuada para conocer las amenazas y no ser sólo una fuerza reactiva.

Además, se debe crear el marco jurídico adecuado que permita que el Estado pueda ejercer esa prevención.

Investigación débil

Hernández centró su análisis en la investigación que pretende enlazar la labor policial con la sanción judicial.

Recalcó que no es lo mismo la Inteligencia del Estado que la investigación criminal. Aunque ambas son débiles, la primera sirve para elaborar planes y es secreta, mientras que la investigación criminal se centra en la persecución penal para obtener una sanción para alguien que actuó al margen de la ley.

La directora de Sedem expresó que las debilidades obedecen a fallas en el proceso y estructura de la investigación criminal que lleva a cabo la División de Investigación Criminal y el Ministerio Público (MP).

“Estos no se coordinan, sino que compiten entre sí, afectando los resultados”, indicó Hernández, y añadió que existe abuso de las facultades otorgadas para cumplir su función, persiguiendo o dejando de investigar hechos relacionados con personas sólo por su aspecto.

“Se ha dado un proceso de limpieza social que no es más que la ejecución de jóvenes perseguidos por su aspecto físico”, dijo Hernández.

El reto fundamental radica en una reforma de los procesos de investigación en el Ministerio Público, mientras que se debe crear una dirección en el Ministerio de Gobernación dedicado exclusivamente a la investigación.

La justicia ha fracasado

Paz hizo un balance del sector justicia luego de la firma de los acuerdos de paz.

A su criterio, los avances se resumen en la instalación del juicio oral y público, un mayor acceso a la justicia con juzgados en la mayoría de los municipios, la implementación de la carrera judicial y la creación de instituciones como la Defensa Pública Penal.

El balance pesimista comienza por el fracaso del sector de justicia, la impunidad es ya parte del sistema, la normativa privilegia a aquellos que son sometidos a proceso penal en lugar de a las víctimas, y de esa cuenta, los delincuentes entran por una puerta y salen por otra y a la población no le queda otra alternativa que no sea buscar mano dura que endurezca las penas o facilite el acceso a las armas.

Para la experta, los principales desafíos son que haya mayor acceso a la justicia, que se resuelvan en tiempo razonable los casos, que sea eficaz en el control del crimen y una justicia respetuosa de los derechos humanos.

“El sistema de justicia no ha sabido responder a las exigencias de las comunidades, ignora el idioma de la comunidad y se niega a reconocer los derechos de los pueblos indígenas para aplicar su propio sistema de justicia”, señaló.

Sobre la eficacia, Paz dijo que quedan impunes los delitos más graves y que el sistema de justicia sólo da una respuesta al 10 por ciento de los casos que ingresan, en parte por la debilidad de investigación del MP.

Preguntas del público

¿Hay que invertir más en seguridad y justicia?

“No todo es dinero, también se necesita capacitación. Por ejemplo, la academia de formación de la Policía es el 0.1 del presupuesto; ahí nos damos cuenta de que esa no es la prioridad de Gobernación”, dijo Carmen Rosa de León.

¿Se debe profesionalizar más a los abogados?

“El derecho debe de actualizarse y estar mucho más orientado a la resolución de casos. En años pasados, los profesores con experiencia tuvieron que abandonar las aulas, y recién ahora están resurgiendo maestrías y doctorados en Derecho”, indicó Claudia Paz.

¿Es suficiente el marco legal vigente para resolver problemas de seguridad?

“El problema no es normativo, sino que de prácticas tanto de la Policía como del Ministerio Público. El problema es que no se cumple la ley, tienen que haber pocas leyes y aplicarlas”, dijo Claudia Paz.

¿Qué tiene que tener la Policía para que sea eficaz?

“Se debe garantizar una Academia de la Policía con calidad docente y funcional, acorde a las necesidades de seguridad, además de un incremento en los requisitos para acceder a la Policía y el respeto al sistema de carrera”, expresó Iduvina Hernández.

¿Qué opinan del crecimiento de las policías privadas?

“En Guatemala, la situación de seguridad tiende a la privatización, y se está dejando en manos privadas la utilización de la fuerza. Esto lleva a quintuplicar la cantidad de fuerza de seguridad pública”, dijo Carmen Rosa de León.

¿Cuáles son los principales problemas de justicia en la provincia?

“En el interior no hay médicos forenses, y son médicos comunes los que se encargan de las pericias; en la provincia sólo se resuelve el tres por ciento de los casos ingresados”, dijo Claudia Paz.

¿Por qué no se utiliza la Inteligencia militar para resolver la inseguridad?

“Lamentablemente, se sigue utilizando la Inteligencia militar como recurso de investigación criminal, sin que los militares estén preparados para esto; es como pedirle a un zapatero que vaya a destazar una vaca. Un especialista en investigación criminal requiere de capacitaciones distintas a las que ha aprendido un militar”, dijo Iduvina Hernández.

Debilidad: No hay investigación científica

Claudia Paz, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala, indicó que uno de los principales problemas del sector justicia es la falta de pruebas científicas que delaten a los acusado.

“Pese a que se aprobó la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y esto es un aliento, no se le ha dado presupuesto y no se ha nombrado director”, manifestó Paz.

“Hay que ser cuidadosos para que esta nueva institución sea renovada, y no una mezcla de viejas instituciones con viejas prácticas”, agregó.

Esto provoca que el 80 por ciento de capturas sean sólo en flagrancia y se conviertan en detenciones arbitrarias. Si no existen pruebas, son capturas inútiles.

De 45 mil detenciones que hubo en 2005, sólo se dieron cinco mil condenas, lo que significa una pesada carga económica para el Organismo Judicial.

Panelistas: Las propuestas

Durante el foro se plantearon algunas acciones para mejorar.

Se debe crear una dirección en el Ministerio de Gobernación dedicada exclusivamente a la investigación.

Elevar los requisitos de ingreso en la Policía Nacional Civil (PNC), para mejorar el perfil de la fuerza pública.

Más atención en el trabajo de inteligencia que efectúa la Policía, para que esa información sirva como prevención del delito, y no sólo como una reacción.

Debe haber estrecha relación entre la investigación de la Policía y el Ministerio Público, para mejorar los aportes de pruebas.

La justicia debe ser más efectiva y rápida; se debe implementar más la oralidad en los procesos, para agilizarlos.

La violencia

876 homicidios registrados en el país en lo que va del año.

79 mujeres muertas por violencia durante 2007.

21 secuestros registrados en 2007, contra 60 en 2006.

655 vehículos robados en lo que va del año en el país.

73 domicilios robados en toda la República en 2007.