EDITORIAL
Más motivos de preocupación

Cada día son publicadas en la prensa nacional noticias sobre hechos que provocan la reiteración de las preocupaciones ciudadanas acerca de la lamentable realidad del país, que parece acercarse a pasos agigantados a la ingobernabilidad, en un año que, por ser electoral, presenta algunas características particulares que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades nacionales.

Ayer, por ejemplo, se informó sobre el descubrimiento de tres bandas del crimen organizado integradas por agentes de la Policía Nacional en Zacapa, Chimaltenango y la capital. A ello debe unirse la ya insoportable cadena de asesinatos de conductores de autobuses urbanos, que ha provocado justificadas protestas y paros de sus colegas. La semana pasada se publicó el caso del piloto José Natividad Trejo, quien se encuentra preso desde noviembre del 2005 porque mató dentro de su autobús a un asaltante que, junto con otros dos, intentó asesinarlo, en un caso que debería ser tipificado como defensa propia.

Son tres casos distintos, pero con el denominador común de aumentar el desasosiego popular. Si hay policías nacionales integrantes de bandas de maleantes, ladrones y seguramente asesinos, no se le puede pedir a los guatemaltecos que sientan confianza en quienes tienen como trabajo protegerlos de la delincuencia organizada. Las capturas mencionadas demuestran, en efecto, que hay efectivas investigaciones internas en las fuerzas policiales, pero al mismo tiempo ponen de manifiesto la gravedad de la situación.

Por aparte, es absolutamente necesario que las autoridades actúen de manera eficiente y severa contra quienes asaltan buses y, con ello, no sólo crean el terror entre los usuarios y los conductores, sino causan serias pérdidas económicas, como producto de los atrasos y problemas derivados de las suspensiones parciales del servicio de transporte público. El sistema judicial del país debe ser aplicado en forma correcta, sobre la base de que no es aceptable que los principales beneficiados sean los delincuentes, sobre todo aquellos con numerosos ingresos en la cárcel.

El aumento de la criminalidad, lo cual es innegable, obliga a hacer campañas de explicación de cuándo un hecho violento es legítima defensa. En los países avanzados, el sistema judicial admite, como en el caso guatemalteco, la absolución en determinados momentos, con la diferencia de que sí se hace realidad en algunas ocasiones. En Guatemala, la mayoría de procesos en los que sale libre el acusado de un crimen es como consecuencia directa de errores de las autoridades policiales y judiciales. Todo ello hace aumentar el descontento generalizado y la tentación de aplicar justicia con mano propia.

En numerosas oportunidades, expertos han dicho que el mayor acicate para la delincuencia es la certeza de la impunidad. La lógica de los malhechores es diversa a la de quienes defienden los derechos humanos de ellos. Existen, sin duda alguna. Pero no pueden ser superiores a los de una abrumadora mayoría de ciudadanos que se encuentran, en este momento, de rodillas ante la criminalidad.