Consulta popular rechaza cementera
Por: Gemma Gil

Vecinos de El Pilar 1 votan en contra del establecimiento de una fábrica de concreto. Foto Prensa Libre: César Pérez.

Pobladores de 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, efectuaron ayer una consulta popular en la que rechazaron el establecimiento de una fábrica de cemento en la finca San José Ocaña.

“Nos preocupa la contaminación. Somos indígenas y pobres, pero queremos un ambiente sano”, dijo Marcelo Boror Raxón, de Concepción El Pilar 1, ubicada a 2 kilómetros de aquella finca.

Preocupados por el polvo que puede generar la actividad y la escasez de agua, la población de Concepción El Pilar 1 votó en contra del establecimiento de una fábrica de Cementos Progreso en ese territorio.

“El estudio de impacto ambiental señala que para estos trabajos se requieren 900 mil litros diarios de agua, pero apenas tenemos para pasar el verano”, afirmó Boror.

Los vecinos también se quejaron de que los topógrafos entraron en sus propiedades, sin pedir permiso. “Quise oponerme, pero iban con dos hombres armados. Querían sacar unas fotos y cortaron cinco cuerdas de largo por 25 de ancho de milpa, sin que yo pudiera evitarlo”, relató Boror.

“No nos respetan”, lamentó un vecino que no reveló su nombre, por miedo a represalias.

Evitan fricciones

Jorge Lemgke, gerente general de Cementos Progreso, reconoció que se cometieron “descuidos” por parte de los trabajadores que estudiaban por dónde se construirá la carretera de acceso a la fábrica.

Sin embargo, negó que vayan a utilizar agua. “Hay una gran desinformación. No usaremos agua para hacer el concreto. Sólo tendremos el servicio para consumo de nuestros empleados y una pequeña cantidad para el enfriamiento de la maquinaria”, aseveró.

Insistió en que la fábrica cumple con la normativa internacional de protección ambiental y que contará con filtros para reducir al mínimo los niveles de emisión de polvo.

Las partes: Puntos de desencuentro

Falta diálogo para aclarar posibles impactos de fábrica.

Las comunidades demandan que el suministro de agua no se vea afectado.

Exigen que se proteja el ambiente.

Piden garantía de que la actividad industrial no dará problemas de salud.

La empresa asegura que cumplirá todas las medidas para paliar el impacto sobre el ambiente.

Ofrece resarcir a campesinos cuyas propiedades privadas no fueron respetadas por los topógrafos.