Onerosas repeticiones
Gastos: Organismo Judicial eroga unos Q335 mil en cada debate público
Por: Olga López Ovando

La deficiencia en las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la falta de fundamentos en las sentencias ocasionan la repetición de juicios penales, lo cual repercute en el aumento de los gastos, si se toma en cuenta que cada debate cuesta al Estado Q335 mil, en caso de que finalice en un año.

A la fecha, las salas de Apelaciones han tenido que ordenar la repetición de más de 50 debates, por los delitos de asesinato, homicidio, fraude, estafa y lavado de dinero. Si multiplicamos esta cifra por el monto anteriormente señalado, estamos hablando de pérdidas por más de Q16 millones.

Uno de los casos más relevantes donde se ha revocado la sentencia es el de Jorge Mario Nufio Vela, ex vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien fue condenado a 13 años de prisión por el desfalco de Q350 millones en esa institución.

También el de los cinco pandilleros que fueron absueltos y a quienes se les sindica de haber matado a Evelyn Noriega y a sus cuatro hijos, en su vivienda, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, el 16 de diciembre del 2004.

Otro es el de Carlos Wohlers, ex presidente del IGSS, quien fue absuelto por un tribunal en agosto del 2005. Se le sindica del desfalco de Q350 millones al Seguro Social, por medio de la creación de un fideicomiso de vivienda.

No hay que olvidar el debate contra Roberto Leonel Tejada Guajaca y otros ocho sindicados por el asesinato de la universitaria Claudia Lucía Pac Franco, ocurrido el 26 de febrero del 2004.

En todos, los magistrados de las salas de Apelaciones del área Penal revocaron los fallos porque los jueces no fundamentaron de manera precisa y concreta sus razones para condenar o absolver a los sindicados.

Gastos

Para deducir lo que cuesta un juicio se sumaron los gastos de funcionamiento de los juzgados, tribunales y salas de Apelaciones de la capital –incluidos papelería, mobiliario, equipo y servicios de cada judicatura– y el número de procesos que ingresan en un año en los tribunales. El tiempo mínimo promedio que dura un proceso es un año.

Según Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, no se incurriría en esos gastos si desde el principio el MP aportara las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de un reo.

“En muchos casos, por falta de evidencias, las sentencias son revocadas en las salas de Apelaciones, con lo cual, aparte de los gastos, se corre el riesgo de que los testigos no acudan a declarar de nuevo”, aseveró.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, manifestó que este problema se deriva de una cadena de errores en la administración de justicia, que empieza con la investigación de la Policía y sigue con las pesquisas del MP. “Estas instituciones cometen errores y desaciertos en la investigación, lo cual repercute en que el caso no llegue sólido desde el principio al juez contralor del proceso”, expresó.

Agregó que estos casos producen impunidad y generan gastos exorbitantes, que al final los guatemaltecos pagan con sus impuestos.

El juez de Ejecución Wilfrido Porras comentó que para disminuir los costos de un debate el MP debe evaluar si el delito amerita que se llegue a juicio, porque, de lo contrario, podría solicitar al juez que el proceso se resuelva por un procedimiento abreviado. Explicó que por esta vía el reo reconoce su culpabilidad, y el juez le impone una pena no mayor de cinco años.

El magistrado y ex presidente del Organismo Judicial Rubén Eliú Higueros reconoció que la repetición de un juicio representa doble gasto, pero aseguró que es necesario repetirlos, para respetar el debido proceso. Agregó que esa situación también representa recargo de trabajo para el tribunal al que se designa la repetición del debate.

Las fuentes consultadas opinaron que es necesario modificar el Código Procesal Penal, para que un proceso no se alargue en los tribunales.

Tema: Respeto a leyes

El magistrado Napoleón Gutiérrez manifestó que los fallos que han sido revocados en la Sala Primera de Apelaciones, presidida por él, se han debido a errores de forma y de fondo en que incurren algunos jueces del área Penal, y que también contribuyen los fiscales del Ministerio Público.

“Para evitar un doble juicio debe haber una buena investigación, y jueces que conozcan con exactitud las leyes, para fundamentar las sentencias y respetar el debido proceso”, aseveró.

Agregó que no se puede llevar a juicio a una persona cuando no existen suficientes evidencias.