TIEMPO Y DESTINO
Necesidad de otra reforma electoral
Hay una reforma electoral en marcha, en casi toda la América Latina, dirigida a democratizar las elecciones, moralizarlas y dotarlas de eficacia.
Por: Luis Morales Chúa

El año que viene puede ser propicio para una reforma electoral a fondo, porque la ley vigente hace aguas por todos lados, como quedó demostrado en la actual campaña.

Salta a la vista que el tiempo ha modificado la realidad política nacional que existía en 1985, año en que la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

En efecto, por aquellos días Guatemala estaba saliendo formalmente de la dictadura, pero todos sabemos que los arbitrarios siguieron concentrados en torno al Ejecutivo.

Desde entonces han sido promovidas dos o tres reformas, pero no han sido tocados los temas importantes. Las más recientes son la del 2004, cuyo efecto consistió en poner en actividad a los partidos políticos para aumentar el número de afiliados, y la que este año permitió aumentar el número de mesas receptoras de votos, en todo el país.

En una conferencia dictada hace algún tiempo en el Instituto Republicano por la legisladora Conchita Mazariegos, ex presidenta de la Corte de Constitucionalidad, puso en claro -según mis apuntes- que la población necesita algo más que mayor cantidad de mesas, más afiliados a los partidos políticos, más nombres en el padrón electoral y más votos. Se requiere -agrego yo- una verdadera democratización de los procesos electorales, a fin de que no se conviertan en patrimonio de los que disponen de mayores cantidades de dinero.

En estos momentos hay proyectos de reformas electorales en varios países de la América Latina, pero, muy cerca, al norte, senadores y legisladores, gobiernistas y de oposición se unieron para decretar una reforma electoral de alcances mayores. Hablo de México. Y la publicidad a nivel continental que ha tenido ese trabajo legislativo puede servir de orientación para otras reformas electorales, como las que habrá de emprender la legislatura guatemalteca el año venidero.

Ya la ley mexicana anterior daba a las autoridades electorales fuerza para hacer cumplir sus resoluciones. Guatemala, por el contrario, no cuenta con algo así.

Un ejemplo: el todavía poderoso Partido Institucional Democrático (PRI), ahora en la llanura, después de haber gobernado durante más de 70 años, se ha unido a sus rivales de hoy, el gobiernista Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática, con el propósito de lograr la aprobación de la reforma electoral.

Ya antes, la autoridad en México era poco tolerante. Tanto que, en medio de las elecciones, las agencias internacionales de noticias difundieron la noticia según la cual el PRI está en aprietos financieros por no poder pagar de golpe la multa de US$90 millones que le fue impuesta por no declarar correctamente el origen de los fondos recibidos durante la campaña electoral del año pasado.

Ese partido omitió informar a las autoridades de un donativo de US$45.45 millones procedente de la empresa petrolera estatal, Pemex.

En Guatemala, las multas son muy bajas y quizás esa sea una de las razones por las que las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral no son acatadas por los partidos políticos. Prefieren ser multados, antes de perder la oportunidad de acumular votos.

Y es justamente en ese punto donde nuestra legislación resulta insuficiente, porque no cuenta con medios para averiguar lo relativo a las finanzas destinadas al gasto de campaña. Por otra parte, es necesario que las reformas a la ley contengan garantías, para que los partidos políticos reconozcan el derecho de las mujeres a una mayor cuota de candidaturas en las elecciones generales, porque en esa materia la equidad de género sigue siendo una quimera.

Y quedan pendientes otros tópicos importantes, como la prohibición para que asuman puestos de elección popular ciudadanos y ciudadanas que tienen cuentas pendientes con la justicia. En otras palabras, moralizar en todo sentido la participación política debe ser una de los fines de la próxima reforma electoral.