De nuevo, el libre acceso a la información se convierte en tema de discusión entre los principales medios informativos del país, funcionarios y sociedad civil.

Esta semana, los sectores involucrados —entre ellos, el presidente de la República— coincidieron en la necesidad de que se apruebe en el Congreso la iniciativa de ley que establece sanciones penales para los funcionarios que se nieguen a dar cuentas públicas de cómo usan los recursos que tienen asignados, y a revelar información de su gestión.

La responsabilidad está en el Legislativo, organismo que, con la aprobación de dicha norma, deberá entregar a la sociedad una prueba de buena voluntad y transparencia, tras años de corrupción, saqueo de las arcas públicas y malos manejos financieros.

Ejemplos evidentes han ocurrido en gobiernos anteriores, como el de Jorge Serrano Elías, quien durante su mandato saqueó las arcas del Estado y atacó a la Prensa. Actitud similar tuvo el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, aunque desde la era democrática ningún gobierno se ha librado de señalamientos.

Cuando los medios piden información, en muchos casos es negada. La publicación de escándalos de corrupción, como el del Pacur, dado a conocer por Prensa Libre, ha sido posible —en su mayoría— gracias a la astucia de reporteros.

Fuerzas en el Congreso

Al principio de esta legislatura, las diputadas Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, y Rosa María de Frade, de la bancada Guatemala, presentaron, por separado, iniciativas de ley encaminadas a garantizar el libre acceso a la información pública.

Ambas fueron conocidas en el hemiciclo, y remitidas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se acordó —según De Frade— unificarlas, para emitir un dictamen.

Por ahora están en proceso de revisión en esa comisión, presidida por Oliverio García Rodas, del Partido Patriota (PP).

En las próximas semanas se podrá observar la voluntad política de las distintas bancadas al respecto, al incluir tal iniciativa —o no— en la agenda legislativa.

Al ser consultados, la mayoría de jefes de bloques coincidieron en que desconocen oficialmente aquel proyecto de ley, por lo que esperarán a que llegue a sus despachos, la semana que viene.

Mario Taracena, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó que esa propuesta de ley viene rondando en el Congreso desde hace varios años, y afirmó que tienen la disposición, como bancada, de revisarla.

La jefa de bloque del PP, Roxana Baldetti, comentó que aún no la conoce, pero que varios asesores investigan su contenido.

Héctor Martínez Lohayza, congresista que comanda la bancada de la Gran Alianza Nacional, aseveró que dicha iniciativa aún no ha llegado a su despacho, y que tendrían que analizarla para llegar a acuerdo y decidir al respecto. “Los unionistas tomaremos una decisión, luego de conocerla”, dijo Mariano Rayo, jefe de esa bancada.

No asegura nada

El martes recién pasado, el presidente de la República, Álvaro Colom, se suscribió a la Declaración de Chapultepec, por petición de la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual —aparte de velar por la libertad de expresión y de Prensa— recuerda, en su tercer punto, la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información.

Aunque fue un importante gesto, la firma de Colom no garantiza apoyo del partido oficial en el Congreso. Ejemplo de ello es que, al igual que el actual mandatario, los ex presidentes Ramiro De León Carpio, en 1994, y Alfonso Portillo, en el 2002, se suscribieron a esa declaración, pero la ley aún no ha sido emitida.

En el Istmo, la mayoría cuenta con una norma que da el poder a los ciudadanos de exigir cuentas a funcionarios y entidades gubernamentales que manejen fondos públicos. Belice emitió este tipo de legislación en 1994; Panamá, en el 2002, y en el 2006 lo hicieron Nicaragua y Honduras.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo: “El país debe de ponerse a la altura de su similares de la región”. Añadió que es necesario que la sociedad se involucre en ese proceso, ya que “saldrá con el mayor beneficio”.

Además, se podrían obtener beneficios para Guatemala, un país que durante años ha sido golpeado por corrupción y saqueo de sus arcas, en detrimento de programas sociales, infraestructura o desarrollo profesional de la juventud.