Teunis Kamper analiza los problemas actuales del país, y habla sobre la responsabilidad que tiene la administración de Álvaro Colom de asegurar la calidad de vida de los guatemaltecos.

¿Cómo evalúa el trabajo del Gobierno en estos primeros meses?

Las intenciones son buenas, pero estamos conscientes de que los problemas no se pueden solucionar en poco tiempo, como por ejemplo la pobreza. Se debe trabajar a largo plazo, para que esta sociedad salga adelante. En mi opinión, este país puede hacerlo, siempre y cuando exista un presupuesto bien ejecutado.

¿Considera que la administración de Álvaro Colom se está enfocando en temas relevantes para el país?

Yo soy una persona que no especula y que se remite a los hechos. Una de las principales tareas de un gobierno es garantizar el bienestar y seguridad de sus ciudadanos, y en Guatemala es evidente que esto no sucede, ya que el número de personas que muere cada día es alarmante.

¿Esta es la misma visión que la Unión Europea tiene de Guatemala?

Observamos a este país como un Estado frágil, pues las instituciones carecen de un presupuesto adecuado para llevar a cabo las tareas que les corresponden.

¿Cómo hacer que esa repartición del presupuesto sea más justa y apegada a la realidad?

Desde hace años se necesita con urgencia una reforma fiscal. Es primordial crear una cultura de tributación, porque las élites del país no están acostumbradas a pagar más impuestos. Muchos creen que el Gobierno tiene suficiente dinero para cumplir con sus objetivos, cuando evidentemente no es así.

¿Usted comparte la idea de que los que tienen más deben aportar más?

Este es un país en donde la brecha entre clases sociales es tan grande que hay un porcentaje muy pequeño de la población que vive en otra realidad y hace lo que quiere cuando lo desea. Pero al mismo tiempo hay personas que apenas ajustan para sostener a sus familias.

Mencionaba el problema de la seguridad como el otro gran desafío de esta administración. ¿Cómo cree que se podría mejorar?

A mi criterio, la mayor responsabilidad recae en el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y los jueces en los tribunales. Cuando el trabajo de uno de los tres es deficiente, no puede existir justicia en el país, lo cual genera un alto grado de impunidad, y este es un círculo vicioso que no acabará hasta que se trabaje desde las bases.

Otro aspecto preocupante, desde el punto de vista internacional, es que no hay fiscalización del Ministerio Público. Para mí, es muy extraño que el Congreso no esté involucrado en la rendición de cuentas de esa institución.

¿Ha hablado con las autoridades respecto de ese tema?

He tenido pláticas con varios ministros. Yo conversé con el fiscal general — Juan Luis Florido— y le pregunté si había considerado renunciar, debido a la ineficiencia de esta institución.

Si yo, como embajador, no tengo los recursos para hacer bien mi trabajo, la solución es simple: renunciar.

¿Qué opina de la decisión del presidente Colom de vetar el indulto para los condenados a la pena de muerte?

La pena de muerte es un ataque al derecho a la vida, y éste es uno de los principales derechos humanos. Como país miembro de la Unión Europea, estamos totalmente en contra de la pena de muerte, y hemos declarado esto al Gobierno y al presidente del Congreso.

Hay muchos estudios que evidencian que esta medida no reduce los índices de violencia.

Luego del secuestro de los cuatro turistas belgas en Izabal, ¿cómo han cambiado las recomendaciones que se plantean a los holandeses que visitan el país?

El consejo que damos, como embajada, es muy claro: si no existe necesidad de causa mayor para viajar a la región de Izabal, recomendamos no hacerlo.

Yo mismo tuve que postergar un viaje que tenía planificado a Río Dulce, debido a esa situación.

Además, decidimos retirar el proyecto JADE, que contaba con financiamiento de Holanda y beneficiaba directamente a tres comunidades de esa área.