El presidente Colom ha anunciado que una de las medidas para enfrentar el “alto costo de la vida” consistirá en “consensuar” lo que él llama “precios de solidaridad” con determinados productores. A falta de mayores explicaciones, suena a un control de precios, “sin querer queriendo”, como diría Chespirito.

De la misma manera que el termómetro no es el responsable por la fiebre, los precios altos no son más que un indicador de la oferta y demanda del bien en cuestión. ¿Qué pensaría de la calidad de su médico si, para combatir la “calentura”, le receta comprar un termómetro que no marque más de 37 grados? Así nos receta ahora el Gobierno una política de precios “acordados”. De seguirla, repetiremos los mismos errores históricos de las décadas de 1970 y 1980. Sin ir muy lejos, hoy podemos ver en Venezuela, por ejemplo, que los supermercados se encuentran desabastecidos de los productos que afrontan controles estatales de precios. Ante la abrumadora evidencia de lo equivocado de esas medidas, ¿por qué se insiste en implementarlas?

Por pura presión política para demostrar que “se está haciendo algo”. Fijar oficialmente los precios crea, en los consumidores, un artificial sentido de alivio frente a la inflación. Los precios dejan de subir gracias a la “solidaria” intervención del Gobierno, quien, al mismo tiempo, se prepara a sancionar severamente a aquellos productores que no respeten los precios establecidos. Sin embargo, este estímulo a la demanda no tiene contraparte en la oferta. Los productores marginales, aquellos que dependen del precio adecuado para poder sobrevivir, comenzarán a salir del mercado. La oferta de bienes inevitablemente se contrae y el resultado es escasez. Es decir, no solo no se soluciona el problema original, sino que la situación se vuelve peor…

Ante el dilema de la inflación, el presidente Colom intenta, con esta medida, protegerse políticamente, en perjuicio de los ciudadanos. La gran ventaja que tiene el Gobierno es que la población no logrará establecer la relación de causa (control de precios) con su efecto (desabastecimiento). Entre los ciudadanos menos informados, prevalecerá la percepción de que “algo se hizo” y posiblemente seguirán otras medidas políticas para prevenir el “acaparamiento” y la “especulación”.

Mala suerte para la UNE que, de entrada, le esté tocando lidiar con el problema de alzas en los precios internacionales de las materias primas. Más mala suerte para los guatemaltecos que nos haya tocado un gobierno que se cree capaz de solucionar un problema económico con medidas populistas…

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