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María Josefina Ramírez, de 43 años, y Miguel Ángel Contreras Flores, de 50, fueron salvados ayer por agentes de la Policía, ya que unos 200 pobladores de la aldea Sacsuy, San Juan Sacatepéquez, los querían linchar porque los acusaban de robar niños.

Los vecinos los retuvieron a las 11.35 horas, cuando les ofrecieron caramelos a dos niños.

Las dos personas vendían tarros de cremas para la piel, pero cuando los pobladores vieron que estaban cerca de los menores, se propagó la noticia de que eran robaniños, los capturaron y los llevaron a la escuela del lugar.

Los mantuvieron cautivos en un aula de ese centro educativo, a donde una niña de 10 años llegó a decirles a los vecinos que les habían ofrecido golosinas, y que los persiguieron porque no las aceptaron.

Durante dos horas, el oficial Carlos Caljú, jefe de la subestación de la Policía de San Juan Sacatepéquez, le pidió a los pobladores que se los entregaran, para consignarlos.

Caljú les explicó que si les hacían daño a los sindicados, cometerían un delito.

Los vecinos aceptaron entregarlos a la Policía, y redactaron un acta en la que la Policía se comprometía a llevarlos a los tribunales.

Sin embargo, advirtieron que los lincharán si los vuelven a ver en la aldea.

A las 13.30 horas, la Policía sacó a las dos personas de la escuela y las trasladó en dos picops hacia el Juzgado Penal de turno de Mixco.

Sin embargo, la turba obstruyó el paso de los autopatrullas, durante otros 30 minutos, en la salida de la aldea.

Además retuvieron, durante media hora, al periodista Juan Manuel Patzán, de Emisoras Unidas, para exigir a la Policía que les devolviera a los detenidos.

Finalmente, el reportero fue llevado por un camino de terracería donde lo dejaron en libertad, sin ningún daño, y los autopatrullas continuaron su camino.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo ayer que el Gobierno debe hacer algo para detener estos hechos, pues hay un sentimiento de terror debido al robo de niños.

Explicó que se debe hacer un plan en el que participen líderes comunitarios, religiosos y educativos, para buscar la forma de evitar más casos de este tipo.

“También los pobladores tienen que entender que al linchar a alguna persona asumen posturas irracionales, ilegales y criminales”, expresó.