Guatemala, 7 de agosto de 2008
Según el informe de Alac, solo los ministerios de Salud y de Trabajo, y la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, han respondido y solicitado mayor información sobre las denuncias. Otras dependencias que no han mostrado interés sobre los informes enviados por AC son la Superintendencia de Administración Tributaria, las municipalidades, Organismo Legislativo y ministerios de Gobernación y de Agricultura.
Por karen cardona
De los organismos del Estado, el Ejecutivo reporta 38 denuncias, de 81 que contabiliza el Centro de Atención Legal Anticorrupción (Alac), de la organización Acción Ciudadana (AC).
El recuento de llamadas recibidas del 7 de julio al 1 de agosto, al número telefónico 1-801-81-11011, da cuenta de que la población del área rural es la que más denuncia actos de corrupción.
Los ministerios e instituciones que forman el Ejecutivo representan el primer lugar en denuncias, seguido de cerca por las municipalidades y las entidades autónomas y descentralizadas.
Manfredo Marroquín, presidente de AC, explicó que el Ministerio de Gobernación encabeza la lista, con 16 denuncias, de las cuales la mayoría se centra en la Policía Nacional Civil, con casos en los que se señala soborno o cohecho pasivo.
El Ministerio de Agricultura registra cinco denuncias de corrupción, la mayoría de ellas sobre politización en la distribución de fertilizante.
Con igual número de quejas, se agregan el Ministerio de Eduacación, y el Fondo de Conservación Vial, por cobro de comisiones a contratistas.
Con relación al resto de los organismos, Alejandro Urízar, director ejecutivo de AC, detalló que en segundo lugar se registran 29 denuncias contra municipalidades, cinco de ellas contra la comuna de Santo Domingo Suchitepéquez, y tres contra la de Río Bravo, del mismo departamento.
Además, Alac da cuenta de nueve denuncias contra entidades autónomas y descentralizadas; cuatro contra el Organismo Judicial y una contra el Legislativo.
Marroquín declaró que AC traslada las denuncias recibidas en Alac a las entidades señaladas.
En algunos casos han recibido respuesta, mientras que en otros se sabe que permanecen en investigación.
El martes último, el ministro de Trabajo, Édgar Rodríguez, presentó una denuncia en el Ministerio Público contra Patricia Morales Ochoa, inspectora que intentó cobrar comisión de Q200 por finiquitar un caso de intermediación laboral.
La acción del funcionario tiene su origen en una de las llamadas registradas por Alac.
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