La Corte de Constitucio- nalidad falló en contra de la jurisdicción que pretendía tener la justicia española para juzgar a guatemaltecos por supuestos delitos cometidos en Guatemala. El fallo de la Corte está basado en Derecho. Guatemala jamás ha firmado un convenio con España que permita injerencia alguna en nuestro sistema de justicia. ¡Ya sólo eso nos faltaba! Segundo, el fallo esta fundamentado en el artículo 203 de la Constitución, el cual establece claramente que corresponde única y exclusivamente a los tribunales guatemaltecos juzgar en Guatemala.

Es importante aclarar las aseveraciones de mala fe que se hacen respecto del fallo; éste no tiene nada que ver con determinar si el supuesto delito es genocidio o no, eso es harina de otro costal.

Qué triste nuestro caso, la doble moral de estas organizaciones realmente hace que con razón se les cuestione. Por un lado condenan a España por la conquista que ocurrió hace más de 500 años, y por otro lado, le piden “cacao” cuando les conviene. Hablan de genocidio de los conquistadores españoles, y ahora pretenden que ellos juzguen a nuestros ciudadanos, por el mismo delito, bajo las leyes de los “conquistadores”. ¿En qué quedamos, entonces?

Recientemente, un grupo de organizaciones no gubernamentales que siguen esta línea, bajo el liderazgo de la Premio Nobel local, interpusieron una demanda en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en lo personal, por el delito de discriminación. La legislación guatemalteca es muy clara en señalar que los magistrados no tienen responsabilidad por el criterio vertido en sus fallos. Por ello, intentar procesar a aquéllos no solo es un intento de asignarles una responsabilidad que no tienen —y a base de argumentos retorcidos—, sino que desnaturalizan completamente la figura del delito de discriminación.

Afortunadamente, dicha querella fue rechazada por el tribunal correspondiente. Sin embargo, es un claro embate político con intereses muy particulares en contra del sistema de justicia nacional, lo que debilita aún más nuestro raquítico estado de Derecho.

Esta acción amenaza la institucionalidad del país, pues socava la credibilidad del máximo tribunal, y traslada el debate de lo constitucional a lo penal, al intentar descalificar a los magistrados y no a los argumentos. Este acto, similar a colocar un campo minado alrededor de nuestros derechos constitucionales, debe ser rechazado sin titubeos.

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