Madrid - Víctimas y familiares de las víctimas del genocidio de los años 80 en Guatemala comenzaron hoy a declarar en la Audiencia Nacional española, uno de cuyos jueces decidió seguir investigando pese a que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca rechazó en diciembre la competencia de España al respecto.

Dos personas de este primer grupo compuesto por 17 testigos y peritos comparecieron hoy ante el juez Santiago Pedraz y mañana declararán otras seis, informaron fuentes judiciales. El magistrado tiene previsto terminar con las declaraciones de los 17 el próximo viernes. El segundo grupo de testigos comparecerá en marzo.

De momento no han trascendido las identidades de este primer grupo de declarantes, a los que acompañan las organizaciones de defensa de los derechos humanos Organización Center for Justice & Accountability (CJA) y Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Algunos de ellos son testigos protegidos. No obstante, sí se conoce que entre ellos se encuentra el antropólogo español Javier Gurriarán y el periodista Allan Nairn, que presentarán ante el magistrado una investigación sobre las campañas militares del Ejército guatemalteco contra los mayas y otra sobre los abusos del Ejército en el Triángulo de Ixil, en la región de Quiché, en 1982, respectivamente.

El juez investiga por un lado la presunta participación de siete personas -cinco militares y dos civiles- en el incendio de la Embajada de España en Guatemala, que el 31 de enero de 1980 costó la vida a 37 personas, y, por otro, investiga su presunta implicación en el genocidio de los años 80. Es por este caso por el que están declarando los testigos.

Entre los 37 muertos en la legación se encontraban tres diplomáticos españoles. También murió allí Vicente Menchú, el padre de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. De hecho, fue la denuncia de la líder indígena, en 1999, la que llevó a Pedraz a abrir las diligencias. La quema de la Embajada española en Guatemala llevó al Gobierno español, entonces presidido por Adolfo Suárez, a cortar las relaciones dimplomáticas con el país latinoamericano. Los lazos se retomaron cuatro años después.

El genocidio en Guatemala causó más de 250 mil víctimas, de las que el 83 por ciento eran mayas. Más de 45 mil de esas víctimas continúan desaparecidas.

El pasado 12 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló el proceso judicial contra esos cinco militares y dos civiles guatemaltecos.

A mediados de enero, y como respuesta a las decisiones de ese tribunal, el juez Pedraz pidió ayuda a los ciudadanos de cualquier país del mundo que hayan sido testigos del genocidio en el país latinoamericano o puedan aportar información y les instó a que lo denuncien.

Aseguró entonces que pese al fallo del 12 de diciembre, él proseguirá con la investigación y mantendrá vigentes las órdenes de captura con el objetivo de la extradición de esas siete personas. Los cinco militares son el general retirado ngel Aníbal Guevara, el coronel Germán Chupina y los generales Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Lucas. Los dos civiles son Pedro García y Donaldo Álvarez. -DPA