Guatemala, como muchos otros países de Latinoamérica, está enferma de corrupción, un fenómeno estructural que violenta nuestras diversas relaciones sociales. Violenta las relaciones políticas y debilita al Estado; violenta las relaciones económicas bajo la apariencia de reducir costos, afectando a los más pobres; violenta las relaciones personales porque introduce patrones fuera de las reglas sociales, y violenta el conjunto de principios y valores que son la base de una sociedad democrática.

La corrupción tiene una dimensión personal, porque todo acto corrupto atenta contra la dignidad de las personas, ya que afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos, la satisfacción de sus necesidades o la realización de sus capacidades o de sus potencialidades. Impide directamente el desarrollo individual, y por ende el desarrollo colectivo.

Introducir prácticas de conducta fuera de las reglas social y públicamente admitidas como válidas en un contexto determinado resquebraja y debilita los mecanismos de producción y reproducción social de una comunidad. Toda acción corrupta afecta el ejercicio pleno de los derechos de la sociedad, la satisfacción de sus necesidades, o la realización de sus capacidades o de sus potencialidades. Afecta el desarrollo de la sociedad. Atenta contra nuestra dignidad colectiva.

Una parte importante de la dimensión económica de las acciones corruptas es el incremento del costo de los productos. Las comisiones clandestinas y las comisiones oficiales aumentan y no disminuyen los costos de producción.

Ese sobrecosto se traslada luego al precio del producto o servicio. Quien recurre al sobrecosto corrupto desplaza al que no recurre al mismo. La distorsión de igualdad de reglas para todos ha sido consumada.

Los recursos utilizados en la corrupción desvían fondos para actividades que no necesariamente son prioritarias para la sociedad, lo que impide invertir o focalizar la actividad pública, social o privada en programas sociales orientados a combatir la pobreza, afectando directamente a los más pobres, no solo porque encarece los productos sino porque los priva de recursos públicos que podrían destinarse a programas que los beneficien.

El Estado tiene la obligación de promover y fortalecer el funcionamiento de las iniciativas de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. El mejor tratamiento para combatirla es la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

¿Qué estamos esperando?

Píldora de humor.— Un médico se cruza con otro en el pasillo del hospital: —¡Hola, estás muy bien! ¿Y yo, cómo estoy?