Con más de 80 enmiendas ya incluidas y después de cuatro años de espera, la reforma a la Ley de Armas y Municiones entró en su recta final, ya que podría ser aprobada el próximo miércoles por el Congreso; la mayoría de bancadas ha ofrecido su apoyo.

Tal iniciativa forma parte de un paquete de seguridad enviado por el Ejecutivo en el 2004. Un año después fue aprobada en tercera lectura, pero se estancó a la hora de aprobar su redacción final. Ahora, la nueva legislatura parece dispuesta a llevarla hasta el final, para hacerse eco de múltiples solicitudes de grupos civiles.

“Ya estamos todos listos, contamos con los consensos necesarios”, afirmó Mario Taracena, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza. El Partido Patriota, la Gran Alianza Nacional, el Partido Unionista, el Centro de Acción Social, entre otras agrupaciones, ya han manifestado su respaldo. “Sólo el Frente Republicano Guatemalteco tiene aún algunas dudas, pero esperamos contar con sus votos”, refirió Taracena.

La norma reformada clasificaría las armas en defensivas, deportivas y de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad (armas automáticas que disparan ráfagas continuas, con fines bélicos). Además, endurecería las penas para quienes porten armas ilegales y para quienes incurran con ellas en delitos. “Mientras más grave sea el delito, más graves serían las penas. Y no habría medidas sustitutivas para ellas”, explicó Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación, del Congreso.

Asimismo, acabaría con los privilegios para los funcionarios, quienes tendrían que registrar sus armas en la nueva Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam, administrada por el Ministerio de Gobernación).

El traslado del Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) a la Digecam se hará paulatinamente, y no tendrá plazo fijo, a efecto de permitir que se efectúe en orden y que Gobernación adquiera los instrumentos, equipo, laboratorios e inmuebles necesarios para ello, resaltó Mendoza.

Con la aprobación de esas reformas a la Ley de Armas, los congresistas esperan evitar la proliferación de éstas y tener mayor control sobre su posesión, con el objetivo de contribuir a garantizar la seguridad ciudadana.

Mendoza, sin embargo, consideró que dicha norma será insuficiente si no se fortalecen la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema de justicia. Además, consideró necesaria la aprobación de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que busca la coordinación de acciones en esa materia, entre todas las instituciones públicas.