Prensa Libre - Edición Electrónica

La incontenible escalada de violencia y la incapacidad de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y, en general, el Gobierno, para reprimirla, tiene exasperada y alarmada a la población, que reacciona en la medida de limitaciones económicas, operativas y legales a fin de defenderse de los embates de los antisociales.

A la ya conocida estrategia de numerosos barrios y colonias capitalinas de restringir el acceso de extraños a sus calles o de protegerse con policías particulares o cámaras de circuito cerrado, o a los patrullajes acostumbrados en algunas localidades de la provincia, se adicionan nuevos métodos ciudadanos de señalamiento y denuncia de presuntos delincuentes y de sus procedimientos de operación y sus guaridas.

El ciberespacio se ha convertido en una herramienta pública tanto para hacer del conocimiento de las autoridades los niveles alarmantes de asesinatos, extorsiones, secuestros, asaltos y robos en poblaciones focalizadas, como para prevenir a los habitantes respecto de esas fechorías y sus presuntos autores.

En la capital y regiones del occidente y el norte, han convertido páginas de Internet en verdaderas galerías con fotografías e información pormenorizada de hechos delictivos y sospechosos. Aunque se trata de datos con presunciones susceptibles de ser inventadas y manipuladas con el propósito de afectar a determinadas personas con las que se tienen rencillas, no dejan de tener utilidad como hilos conductuales de pesquisas.

Sin embargo, los organismos de seguridad conceden escasa importancia a este esfuerzo social, porque la abundante información no es corroborada para, en su caso, proceder en contra de quienes pasan de un hecho delictivo a otro, con la seguridad de que la impunidad imperante en Guatemala los protege para actuar a sus anchas.

Un conocido refrán dice que “pueblo pequeño es infierno grande”, y por eso en muchas localidades de los departamentos no se explican cómo, con tantos datos respecto de los malhechores y las evidencias copiosas sobre su desplazamiento, armas, reductos, propiedades mal habidas, cómplices, víctimas y sus preferencias delictivas, ni la Policía ni la Fiscalía actúan contra ellos.

Esa indiferencia e inacción del Estado hacia el crimen da lugar a diferentes interpretaciones. Puede ser porque aquéllos sean cómplices de los delincuentes; por cobardía, ante el temor de pasar a formar parte de la lista de víctimas, con lo cual las fuerzas de seguridad habrían entrado, también, en el círculo de la psicosis social, o porque la trágica suerte de un país violento e inseguro los ha insensibilizado hasta extremos de no importarle el respeto de la vida ni el cumplimiento de su obligación de garantizar la seguridad de los guatemaltecos.

El riesgo de la abrumadora incapacidad del gobierno de Álvaro Colom para controlar el crimen reside en que, tras los esfuerzos señalados de defensa social, los ciudadanos se vean obligados a organizarse y comiencen a eliminar a los delincuentes. Esto es peligroso e indeseable, porque haría regresar al país a estadios tenebrosos de ingobernabilidad.