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La falta de claridad sobre las ayudas que el Gobierno de EE. UU. brinda en materia de seguridad es una tónica bastante habitual, el Plan Mérida, que fue sancionado el lunes recién pasado por el presidente George W. Bush es un ejemplo de ello. Nadie puede decir a ciencia cierta en qué consiste y cuáles serán los compromisos de Guatemala, a cambio de los supuestos US$20 millones que se trasladarán para combatir, principalmente, el narcotráfico.

Lo único que la Embajada de EE. UU., que maneja toda la información al respecto, ha dicho es que a Guatemala le corresponden US$20 millones el primer año, dinero que tendrá que ser distribuido en compra de equipo y capacitación del personal antinarcóticos.

“Los detalles finales no han sido determinados todavía, pero creería que entre la ayuda bilateral directa y los programas regionales, Guatemala recibiría entre 10 millones y 20 millones de dólares de los fondos de la Iniciativa de Mérida para Centroamérica para este año”, explicó el embajador, James Derham.

Quejas oficiales

El vicepresidente Rafael Espada fue el único que se atrevió hablar públicamente del tema; se quejó de que la ayuda no era mucha para el tamaño del problema, sobre todo desde que se ha confirmado que la presión ejercida por el Gobierno mexicano contra los narcotraficantes de ese país ha motivado que éstos se muden a Guatemala.

Para tener un parámetro comparativo de cuánto puede costar equipar a un grupo élite, habría que tomar en cuenta que solo los tres helicópteros que donó EE. UU. este año tienen un precio de US$10 millones, por lo que los US$20 millones del Plan Mérida apenas alcanzarían para unas cuantas lanchas rápidas y quizás un radar.

Según Pedro Tobar, jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), las necesidades de su unidad, apenas compuesta por 220 efectivos, son muchas y urgentes. “Nos hace falta más personal, vehículos, lanchas rápidas, radares, equipos de visión nocturna, tanto terrestre como aéreo”, comentó. Además, se necesita capacitación en el tema de precursores químicos, lavado de activos e investigación.

Dinero condicionado

Tobar afirma que no ha estado en ninguna de las reuniones que se han sostenido con autoridades estadounidenses sobre este tema, pues han sido secretas y “se han llevado a alto nivel”. Lo que le han dicho es que el Plan tiene algunas condicionantes que, quizá, no convengan a Guatemala.

Debido a que la ayuda de esta iniciativa es anual, si no se cumplieran algunos de los requisitos, el Gobierno de los EE. UU. tiene la potestad de cancelar el apoyo para el año siguiente.

“Parece ser que se nos van a exigir cuotas de incautación y algunas otras cuestiones que pueden vulnerar nuestra soberanía”, afirmó.

Tobar es consciente de que la SAIA necesita mucho apoyo, ya que la situación en la frontera con México se ha complicado mucho, y “el establecimiento de los carteles mexicanos en el país es un hecho”.

México tomó la decisión la semana recién pasada de no dejar aterrizar vuelos privados o comerciales en las cercanías de la frontera sur, ya que han detectado un incremento del paso de aeronaves sospechosas desde Petén.

Tobar tampoco tenía conocimiento de que se hubiera implementado esta medida, pero sus homólogos mexicanos le habían anunciado que la analizaban.

Aunque de Centroamérica solo Panamá y Guatemala están en la lista de los 20 países señalados por el Departamento de Estado de los EE. UU. como puntos clave para el narcotráfico, la ayuda del Plan Mérida se ha repartido entre todos los países de la región.

Una de las razones podría ser la esgrimida por las propias autoridades estadounidenses que ven imposible la lucha contra este flagelo, si no se hace en forma conjunta, pero también puede responder a que el Plan tiene un componente de lucha contra las pandillas y la inmigración ilegal.