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La auditoría que la Contraloría General de Cuentas (CGC) inició, en el 2007, para 22 de los 57 fideicomisos públicos vigentes evidencia debilidades administrativas en el manejo de recursos. Aunque los informes finales ya están en poder del Congreso, este organismo no se ha pronunciado al respecto.

El balance de los informes que desde el 30 de mayo último están en poder de la Junta Directiva del Legislativo se traduce en sanciones para 551 administradores de fideicomisos públicos, cargos formulados contra siete de éstos y denuncias penales contra otros 12, en el Ministerio Público, tras haberse comprobado el incumplimiento de normas, de control interno y otras regulaciones a las que están sujetos los fideicomisos.

Las sanciones van desde Q2 mil hasta Q2 millones, y superan los Q204 millones en multas.

El plazo para desvanecer los señalamientos y presentar pruebas de descargo expiró en abril, por lo que el Congreso deberá analizar lo consignado en el informe final de la CGC, para determinar acciones por seguir.

De los 22 fideicomisos auditados por la Contraloría, el creado para atender a víctimas del paso de la tormenta Stan, en el 2005, presentó la mayor cantidad de hallazgos —17—, por el plazo estipulado —del 2005 al 2007—.

Las irregularidades en este fideicomiso van desde la compra de terrenos en zonas de alto riesgo hasta la pérdida de recursos financieros y falta de supervisión de proyectos que no contaron con estudios de impacto ambiental.

Por otra parte está el fideicomiso constituido en 1991, para administrar los recursos del Fondo Nacional para la Paz, en el cual se hallaron 16 irregularidades en la auditoría practicada del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007.

En este caso se encontró que se incumplió con la Ley de Contrataciones, faltan documentos y hay planos de obras sin firmas.

Por este fideicomiso se formularon cargos contra Édgar Ajcip Tepeu, ex director de esa institución, por trabajos no ejecutados en Socavilla, San Juan Sacatepéquez.

Aunque el ex funcionario presentó sus argumentos en la CGC, el hallazgo no fue desvanecido.

El fideicomiso creado para el pago a los ex patrulleros de Autodefensa Civil, denominado Bosques y Agua para la Concordia, es otro de los que más anomalías exhibe, 11 en total, y se formularon cargos contra el comité técnico del fideicomiso, por pagos efectuados y no autorizados dentro del presupuesto.

En otros casos como el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, creado en marzo de 1997, la CGC prefirió no emitir opinión.

Los fondos de éste fueron depositados en el extinto Bancafé, y luego pasaron al Crédito Hipotecario Nacional. Sin embargo, los documentos no han sido actualizados, y se desconoce cómo se manejaron y en qué se invirtieron Q11 millones.

Obstáculos

En los últimos meses, varios sectores han cuestionado a las autoridades gubernamentales acerca de los obstáculos para obtener información que demuestre cómo se manejan los recursos de los fideicomisos.

El informe de la CGC señala que, debido a la figura sui géneris de los fideicomisos, suelen operar los fondos desde bancos privados, lo que impide obtener datos contables.

Las entidades gubernamentales que manejan fideicomisos no suelen disponer de libros de contabilidad ni documentos originales de las transacciones.

Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, opina que la figura del fideicomiso no es negativa; no obstante, la falta de cláusulas de transparencia en su creación es cuestionable.

Juan Alberto Fuentes Knight, ministro de Finanzas, anunció recientemente la creación de un acuerdo gubernativo para mejorar los controles de gastos y rendición de cuentas de los fideicomisos estatales. Sin embargo, dicha propuesta no ha sido oficializada.