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La crisis internacional del petróleo tiene en graves aprietos a la economía guatemalteca, debido a nuestra dependencia energética casi exclusiva del crudo (el 60 por ciento de la energía que consumimos en Centroamérica es producida en plantas termoeléctricas), a la falta de planificación, a tener en manos privadas la generación de energía y la distribución de combustible, y a las anteojeras ideológicas del gobierno anterior, que antes de adherirse a una iniciativa regional como Petrocaribe —nacida en el 2005 frente a la crisis inminente—, decidió, en palabras del entonces presidente Berger, que la mejor estrategia era: “Rogarle al Señor para que bajaran los precios del petróleo”. De más está decir que sus súplicas no fueron escuchadas y que los precios siguen subiendo.

Conociendo lo que significa para las economías latinoamericanas y caribeñas “la factura petrolera”, en el 2005, el Gobierno venezolano lanzó la iniciativa Petrocaribe, un organismo multilateral que busca asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluidos el petróleo y sus derivados, gas, electricidad, cooperación tecnológica, capacitación y desarrollo de infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, como la energía eólica y solar, y los mecanismos de ahorro energético.

El antecedente inmediato de Petrocaribe es el Acuerdo Energético de Caracas, firmado en el 2000 entre Venezuela y varios países de la región, entre ellos, Guatemala. Este acuerdo permitía el suministro de crudo, por la cantidad de 10 mil barriles diarios o sus equivalentes energéticos a precio preferencial, esquemas de financiamiento blando para amortización de capital, con un período de gracia hasta por un año y una tasa de interés anual del 2 por ciento. El Acuerdo nunca fue ratificado por nuestro Congreso, y las consecuencias las estamos lamentando hoy.

Ampliando los beneficios del Acuerdo de Caracas, el Gobierno Bolivariano de Venezuela lanzó la iniciativa Petrocaribe, que entre otros objetivos plantea: “Minimizar el riesgo asociado con la seguridad de suministro de energía para los países miembros; defender el derecho soberano de administrar la tasa de explotación de los recursos naturales no renovables y agotables; minimizar los costos de transacciones de la energía entre los países miembros; aprovechar los recursos energéticos, para solventar las asimetrías en el marco de integración regional, y crear mecanismos para asegurar que los ahorros derivados de la factura energética sean empleados en el desarrollo económico y social, el fomento de empleo, el incremento de actividades productivas y de servicios de salud pública, educación, cultura y deporte.”

Petrocaribe es, pues, una alternativa solidaria entre países latinoamericanos, en la que si hay algún “perdedor” en términos económicos, es el Gobierno venezolano. Para Guatemala, los beneficios están a la vista: sustituir parte de la deuda petrolera actual en la que se nos cobra entre 6 y 8 por ciento de interés, por otra —con dos años de gracia, 25 años para pagar y un interés del 1 por ciento—, contar con recursos inmediatos destinados a programas sociales de combate a la pobreza y fomento del desarrollo; y reducir nuestra dependencia de las transnacionales petroleras, que se siguen enriqueciendo a nuestras costillas. ¿Dejará pasar nuevamente nuestro país la oportunidad de acceder a una propuesta solidaria y justa, que puede ayudarnos a aliviar la crisis en la que estamos sumidos?