Prensa Libre - Edición Electrónica

La arenera El Carmen lleva ocho años de operar en terrenos del Ministerio de la Defensa, localizados en Villa Nueva, que habían sido concedidos para un proyecto habitacional, sin que ninguna autoridad se preocupe por corroborar cómo y a quién le paga la empresa por el derecho de usufructo.

Los datos del registro de la propiedad son claros. Las fincas La Embaulada, Las Mercedes, San José Buena Vista y La Selva son propiedad del Estado, a cargo del Ministerio de la Defensa desde 1996. Sin embargo, una parte del terreno de La Embaulada y La Selva fue cedida en el 2000 a un grupo de más de 700 especialistas del Ejército, para construcción de viviendas.

Sospechoso retraso

Los especialistas comenzaron a pagar una cantidad mínima al Fondo de Tierras mientras esperaban a que comenzara la lotificación; sin embargo, la Asociación de Vecinos de La Embaulada y La Selva, supuestamente integrada por los dueños de los lotes, entregó el terreno en usufructo a la arenera El Carmen, por 10 años, a cambio de que ésta lotificara el área, construyera accesos e introdujera servicios.

El acuerdo se firmó el 15 de abril del 2003, cuando el presidente de la asociación era Neftalí García Alba, ex especialista del Ejército. Actualmente, la preside Estela Osorio, quien renovó el acuerdo en diciembre del 2007.

La licencia de explotación de la empresa fue concedida el 17 de junio del 2000, con fecha de expiración el 16 de junio del 2010.

Sin embargo, varios propietarios denuncian que tal asociación nunca les pidió permiso para ceder sus terrenos a la arenera, y cuestionan a dónde van los fondos generados por tal explotación.

Critican, además, que se haya efectuado una negociación con tan pocas ventajas, pues los ingresos de la arenera, luego de ocho años de explotación, son elevados, mientras que lotificar el área no será tan costoso. Según representantes de la empresa, construir el acceso cuesta Q8 millones, y urbanizar, Q34 millones.

Con permisos

El Ministerio de Energía y Minas aseguró que la arenera El Carmen tiene su papelería en regla, y que cuenta con los permisos de impacto ambiental.

La única crítica que hace el ingeniero Óscar Rosal, director de Minería, mediante un informe oficial, es que en el área fue talado un bosque. “El titular de la licencia minera debió haber solicitado la licencia correspon-diente al Inab (Instituto Nacional de Bosques), porque esto no es competencia de la Ley de Minería”, señala el documento.

Al ser consultado Rosal sobre la propiedad de los terrenos, aseguró que Energía y Minas no tiene obligación de saber de quién son las fincas sobre las que se va a operar. “Suponemos que la empresa actúa de buena fe y que está de acuerdo con el dueño de los terrenos; por eso no solicitamos esa información”, dijo.

Ofrecen investigar

Según Daniel Domínguez, vocero del Ministerio de la Defensa, se efectúan las investigaciones internas necesarias para ver qué sucede en estos terrenos, porque “efectivamente son propiedad del Estado”.

Domínguez afirmó que la preocupación del Ejército no es solo la deforestación del terreno cedido para la lotificación, sino la expansión de la arenera hacia otras fincas, como Las Mercedes, que también les pertenecen.

“Hemos enviado a los ingenieros del Ejército a que verifiquen cuánto terreno se está usando”, añadió.

Las autoridades de la empresa reconocieron que operan en Las Mercedes, pero aseguraron que lo hacen con autorización de la asociación de vecinos.

La arenera El Carmen figura en el Registro Mercantil a nombre de Marcela Estrada Mejía, colombiana, de 30 años, esposa del también colombiano Guillermo Arango Jaramillo, propietario del negocio. Se intentó hablar con ambos, pero prefirieron que los técnicos de la empresa dieran las explicaciones.

Quejas que nadie escucha

Durante ocho años, la empresa ha talado árboles y “pelado” la montaña, sin que los vecinos de Ciudad Peronia, Villa Nueva, que residen a dos kilómetros de la arenera, supieran qué ocurría. Incluso, les dijeron que se estaba construyendo el Anillo Metropolitano.

Efectivamente, la arenera construyó una carretera, pero era para ingreso a la futura urbanización y, por ahora, para el paso de sus camiones.

Sin embargo, según los vecinos de Peronia, las consecuencias de la explotación incluyen las correntadas de lodo y el ruido de los camiones de volteo que, durante el último año, han trabajado las 24 horas.

Agregaron que en 1998, cuando el país se vio afectado por el huracán Mitch, el sedimento acumulado originó un embalse que, al desbordarse, destruyó el puente de Peronia y el de Villalobos.

Durante el invierno del 2007 se volvieron a producir deslizamientos, y una parte de las carreteras que conducen al pueblo quedó bloqueada por la arena.

¿A quién beneficia?

El sacerdote Elías Ruiz, párroco del templo católico de Peronia, aseguró que el daño que aquella empresa causa a los vecinos es enorme. “La arenera ha devastado 366 manzanas de bosque, que es un pulmón necesario para la ciudad. Además es una de las fuentes de agua más importantes, y por estos terrenos pasa el acueducto Xayá-Pixcayá, que podría colapsar en cualquier momento”, afirmó.

Elías preguntó: “¿Cómo el Estado puede permitir que en un terreno de su propiedad se esté produciendo tanta devastación y ponga por delante el beneficio de una empresa y no el de los ciudadanos?”

La duda es si el Estado sabe que una empresa se está lucrando en un terreno público, sin que ni siquiera parte de sus beneficios retornen a las arcas nacionales, más allá del impuesto de explotación. Según el Ministerio de la Defensa, esta institución no recibe ni un centavo. Entonces, ¿en dónde quedó el beneficio común del uso de los terrenos del Estado?