Una vez más lamentamos un hecho de violencia que costó la vida a 54 personas en un instante, como resultado de un absurdo y prevenible accidente de tránsito que enluta a la comunidad de Jutiapa.

Pareciera que en Guatemala las noticias de cada día son de muerte, producto del fenómeno de violencia e inseguridad que se agudiza en el país, el cual es generado fundamentalmente por la grave situación de impunidad.

A diario escuchamos o leemos noticias sobre asaltos a los buses, asesinatos de pilotos o sus ayudantes, secuestros, ejecuciones y vendettas entre pandillas; robo de niños, para venderlos en adopciones internacionales; asesinatos de mujeres en números ascendentes; el robo de bancos y de personas que retiran su dinero de los mismos, y linchamientos, y todos estos hechos que tienen el común denominador de la impunidad no son investigados a profundidad, y no son procesados ni sentenciados los responsables.

El cinismo de impunidad que ilustra la debilidad de nuestro sistema de justicia se ejemplifica en la toma de posesión privada y secreta, como alcalde de Jutiapa, de Manolo Castillo. La autonomía municipal no puede ser utilizada como argumento para evadir la justicia penal de carácter nacional y constitucional, y profundizar aún más la absurda impunidad que prevalece en el país.

Hoy debemos incluir en estos actos de violencia los accidentes absurdos de tránsito, que también son producto de actitudes delictivas que deberían ser castigadas por la ley penal, pues son el resultado de la corrupción y negligencia de algunos dueños de los transportes extraurbanos que no les dan el mantenimiento debido a sus vehículos y que contratan a pilotos sin experiencia y a veces sin licencia, a los cuales les exigen que compitan en tiempo contra las otras empresas y que sobrepasen el cupo establecido de pasajeros. A esto hay que agregar la cantidad de pilotos de transporte colectivo sin experiencia, el número de accidentes que se dan por pilotos que conducen en estado de ebriedad o por exceso de velocidad en las carreteras y segmentos de alta peligrosidad.

El accidente de La Cubanita en la Curva del Chilero es el más grave en tiempos recientes, pero no es un hecho aislado. Constantemente ha habido accidentes de tránsito de buses que se salen de la carretera o caen en un precipicio, tráileres que vuelcan o conductores que arrollan a personas en centros urbanos. Este fenómeno nos debe hacer reflexionar sobre el derecho a la vida y la obligación del Estado de protegerla, y de cómo estos hechos no deben quedar impunes, pues es dicha impunidad la que permite que se repitan constantemente.

Debe existir un régimen penal efectivo para los delitos contra la vida, pero éste debe incorporar y sancionar aquellos delitos cometidos por propietarios egoístas e irresponsables del transporte colectivo. Proteger la vida humana es responsabilidad del Estado, y esto implica erradicar la impunidad en todas sus expresiones, investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de actos de violencia delictiva y de tránsito, lo que incluye mantener la supervisión de los medios colectivos de transporte, la vigilancia de las carreteras, la sanción de quienes se exceden de límite de pasajeros o de velocidad y el procesamiento penal de los que conducen en estado de ebriedad.

Defender y proteger la vida nos exige fortalecer y demandar la justicia.