Los últimos dos días estuve participando en un seminario organizado por la Fundación Konrad Adenauer, en donde fueron presentados un grupo de trabajos, con el tema “eficiencia del gasto público”.

Esto forma parte de un proyecto que tiene la Fundación para promover la discusión sobre política social en distintos países de América Latina.

El encuentro tuvo lugar en Río de Janeiro, y al mismo atendieron investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Guatemala.

Ya nos habíamos reunido en noviembre pasado, para presentar y discutir una primera serie de artículos sobre crecimiento económico y progreso social en nuestros países.

Como es de esperar, y sobretodo por las características que revisten a la América Latina actual, hubo mucha riqueza en cuanto al tipo de Estado que funciona en la región, cuando se tenía desde los intervencionistas —que han procurado o todavía procuran hacer de todo (México antes, y Venezuela hoy)—, los que han adoptado una postura más del tipo de garantizar que los bienes y servicios estén a disposición de la sociedad, independientemente de quién los produzca (Chile y Colombia); experiencias mixtas (Brasil, Argentina, Uruguay y Perú); y a los que todavía cuesta definirse por una u otra posición (Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, entre otros).

La evidencia presentada sugiere entonces que no es posible generalizar una receta única, para construir un Estado óptimo. La complejidad en los niveles de desarrollo es tal que más bien, si ha de emerger algún grado de consenso, será sobre reglas mínimas, para decidir los énfasis en la acción del Estado.

Una posibilidad puede ser aplicando el “principio de subsidiariedad”, que en Economía se resume como la capacidad del Estado de garantizar la provisión adecuada de bienes y servicios en una sociedad. La clave está en la palabra garantizar, que no debe igualarse con producir.

Es decir, bajo el principio de subsidiariedad, la provisión de bienes y servicios se confía al sector privado, salvo cuando no existan las condiciones para que esto suceda. En dicho caso, el Estado es el llamado a actuar en la provisión directa de un determinado bien o servicio.

Al final, lo que interesa es que la mayor parte de la población tenga garantizado el acceso a todo aquello que necesita y con un nivel adecuado de calidad. Y esto puede lograrse ya sea con un Estado subsidiario o con uno que decida producir y proveer de manera directa a su población.

Es posible ejemplificar los conceptos anteriores para el caso guatemalteco, tomando los sectores de educación y salud. En el primer caso (educación), vemos a un Estado que juega un rol más de proveedor directo y menos subsidiario en el nivel de educación primaria (sobretodo en el ámbito rural), pero al ir avanzando hacia educación media y universitaria pareciera cambiar su papel hacia uno más subsidiario y menos de provisión directa.

En el sector salud, la situación pinta al revés. Es en los niveles primarios (puestos de salud) donde el Estado descansa más en un modelo subsidiario, tratando de llegar a los lugares más apartados del país a través de contratos suscritos con ONG; mientras que en los niveles secundario (centros de salud) y terciario (hospitales), la provisión directa pasa a jugar un rol más importante.

Sin embargo, esta historia es parcial, y no debe confundirse con una estrategia clara y deliberada del Estado de escoger una u otra forma de garantizar acceso a su población.

La evidencia nos sugiere que las decisiones que ha tomado el Estado guatemalteco han sido más por razones de restricción presupuestaria e institucional que por seguir un modelo de desarrollo claramente definido. Es decir, la subsidiariedad o la provisión directa en Guatemala no han sido por convicción, sino por necesidad.

Lo anterior me lleva a dos comentarios finales. En primer lugar, que un Estado subsidiario o un Estado que provee de manera directa no necesariamente tiene relación con el tamaño del Estado mismo. Para una u otra función puede se puede requerir un Estado “grande” o uno “pequeño”.

Sin embargo, en el caso de Guatemala, el tamaño (medido por recursos disponibles) del Estado ha sido determinante, para decidir el tipo de papel que juega, el tipo de población que atiende (típicamente los de menores recursos) y la calidad de servicios que ofrece (generalmente mala).

Y en segundo lugar, que al enfoque subsidiario o de provisión directa del Estado es solamente una dimensión para evaluar el aparato público. Una evaluación más completa debe considerar otras variables. Sobre este tema procuraré ampliar en futuras columnas.

Pero lo cierto es que al final, la discusión puede ejemplificarse con aquel dicho que reza: “No importa si el gato es negro o si el gato es blanco, ¡lo que importa es que pueda cazar ratones!”.