Ginebra - El Gobierno de Guatemala debe realizar una “rigurosa” reestructuración de la Policía Nacional Civil (PNC), intensificar la depuración en sus filas y fortalecer los mecanismos de control interno y externos, según la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

En un informe elaborado por su representación en Guatemala para el Consejo de Derechos Humanos (CDH), que se reúne en Ginebra, ese organismo pide también a las instituciones judiciales a reforzar los sistemas disciplinarios, de evaluación de desempeño y de rendición de cuentas de sus funcionarios, incluidos los altos cargos.

En ese documento, la alta comisionada, Louise Arbour, insta al Congreso guatemalteco a dar prioridad a las reformas para terminar con la discriminación y combatir la violencia a través de modificaciones legales que equiparen la edad de contraer matrimonio de hombres y mujeres, y que protejan a las trabajadoras domésticas.

Asimismo, reitera la necesidad de tipificar la violencia en el seno de la familia y el acoso sexual como delitos.

Ligero descenso de la violencia

Entre los problemas más graves que destaca el informe está la violencia, que causó la muerte de cinco mil 781 personas en 2007, algo menos que el año anterior, lo que significa que aunque se mantengan niveles altos “es la primera vez desde 1999 que no se produce un aumento en las estadísticas”.

Guatemala, según ese informe, tiene una tasa de homicidios de 47 por cada 100 mil habitantes, lo que le sitúa entre los países, oficialmente en paz, más violento de América Latina y del mundo.

En el caso específico de las mujeres, que fueron víctimas, en 590 casos, de muertes violentas el año pasado, según información de la Policía Nacional Civil (PNC), la alta comisionada considera que Guatemala “no ha logrado articular una respuesta institucional que permita prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia estos hechos”.

Afirma que los responsables de administrar justicia actúan de manera discriminatoria, lo que se refleja en “la falta de investigación y en la tendencia a atribuir algún grado de responsabilidad a la víctima”.

El informe del organismo de la ONU también se refiere a los defensores de los derechos humanos en Guatemala, que cumplieron su trabajo en medio de amenazas y agresiones en 2007, aunque en la segunda mitad de ese año, medidas adoptadas por el Ministerio de Gobernación permitieron reducir en 30 por ciento los ataques.

La oficina de la Alta Comisionada también observó un recrudecimiento de la violencia política en el país, que explicó por “la creciente presencia del crimen organizado y el narcotráfico, que buscan fortalecer su poder a nivel local e incrementar la impunidad con la que operan”.

Entre enero y noviembre del año pasado se produjeron 64 agresiones contra miembros de partidos políticos, que ocasionaron 26 muertes violentas, indica.

Finalmente, sobre la impunidad afirma que en cuanto a acciones e investigaciones penales, los esfuerzos del Ministerio Público “no son ni suficientes ni proporcionales a la magnitud” de ese problema.

EFE