Los problemas de Guatemala son más severos cada día, y los retos que enfrentamos para poder superarlos son cada vez mayores; es urgente participar en el proceso de rescate de nuestro país, porque la situación se vuelve cada día más crítica. Sin pecar de ingenuidad, con el cambio de gobierno hay nuevas posibilidades, así que hay que hacer un esfuerzo para contribuir.

La Ley de Minería es uno de estos problemas. La ley que está vigente, aprobada en 1997, fue concebida y redactada por y para quienes se benefician de la explotación de los minerales.

Un problema serio de esa ley es que no hace distinción entre minería metálica y la no metálica. Separarlas es importante, porque la minería metálica es más peligrosa —por la cantidad de productos químicos tóxicos que se utilizan para separar los metales— y debe ser tratada de manera diferente a la minería metálica. Gracias a esta ley, las compañías mineras pagan solo el 1 por ciento de regalías, no pagan por el agua, no pagan fianzas ni seguros que correspondan al alto grado de riesgo de la explotación de minerales metálicos.

No se hacen análisis económicos de costo-beneficio que reflejen los costos ambientales, sociales y económicos en que incurre el país al entregar sus territorios a las compañías transnacionales; ni las oportunidades de desarrollo que se pierden, como la pesca, el ecoturismo o la agroecología. No se obliga a consultar a los pueblos afectados por la explotación minera, ni a resarcirlos adecuadamente por posibles pérdidas o accidentes.

En fin, un sinnúmero de dolores de cabeza, conflictos y pérdidas para nuestro país podrían evitarse con una buena ley. Guatemala necesita una ley de minería que responda a la realidad nacional, y que garantice los intereses de la sociedad guatemalteca.

La propuesta de ley que está engavetada en el Congreso (supuestamente presentada con el aval de la famosa Comisión de Alto Nivel, que convocó el presidente Berger y que funcionó de marzo a octubre, 2005) no sirve y fue una burla del gobierno anterior. Lo único que se logró consensuar en la Comisión fueron los principios que tendrían que servir como base para redactar la ley.

La condición de que se decretara la suspensión para otorgar nuevas licencias de minería metálica fue ignorada por el Ejecutivo y por el Congreso. Nos quedó la impresión de que la Comisión fue solamente un mecanismo para minimizar el conflicto y calmar a la sociedad civil, mientras el Gobierno siguió otorgando concesiones de minería metálica y las compañías mineras continuaron ganando terreno.

El vicepresidente Espada ha ofrecido revisar la Ley de Minería en los primeros cien días de su gobierno, tenemos confianza en la capacidad y honestidad del ministro de Ambiente y su compromiso con el país, y no con el único sector que se ve beneficiado con base en la Ley de Minería vigente, tenemos confianza en el presidente y su compromiso con la población que definió su elección, y que en repetidas consultas ha dicho que no quiere la minería de metales.

Yo quiero creer que el nuevo gobierno sí tiene intenciones serias de solucionar este problema y que involucrará a todos los sectores, para que participen en el diseño de una buena ley de minería para Guatemala.

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