Una de las preocupaciones fundamentales del actual gobierno tiene su razón de ser en la gigantesca ola de consecuencias económico-sociales que afectan a cada guatemalteco antes del descanso de la Semana Mayor.

Fuera de cualquier análisis de microeconomía, de teoría de precios, de regulaciones de mercado, es necesario que la intuición y habilidad de todos aquellos que toman decisiones políticas redunden en beneficios directos para la población en general.

La impotencia en la regulación legal del comportamiento fuera del ámbito de la economía —sea esto delitos, violencia, drogadicción, sexualidad, intervenciones de empresas reguladas por el Estado— y de cada una de las prácticas sociales causa un malestar generalizado que, poco a poco, se va transformando en una degradación social.

Frente a un plan de gobierno que pretende una economía de bienestar, mejora en las condiciones laborales, mejora en los procesos de recaudación pública, la organización demográfica del país, la mejora de la malhadada economía familiar y el incentivo a la producción industrial, encontramos negligencia por parte de los actores que deben ejecutarlo.

Se cree comúnmente que los problemas que aquejan a la población en general, como la inflación, el desempleo, los ciclos económicos, los fenómenos macroeconómicos, están alejados de los actores políticos del gobierno de turno.

Aparentemente, son males inevitables que deben paliarse, pero no pueden corregirse.

Creo muy distinto de esto. Creo que lo que nos está pasando es responsabilidad directa de la negligencia de quien ejerce el poder, sea éste político, legal, económico o judicial. Creo que somos responsables de las decisiones racionales que comprometen nuestra patria.

Todos debemos tener claros nuestros fines de vida, nuestros propios intereses. Sin embargo, los funcionarios deben reconocer que su dejadez, desidia, apatía, desgano, flojedad, indolencia, pereza, indiferencia en el desempeño de su trabajo traen consigo grandes consecuencias que, tarde o temprano, todos resultamos pagando.

Las oportunidades no explotadas para mejorar la vida social dependen no solo de señalar problemas sociales, sino de encontrar los mecanismos para su solución.

Una oportunidad de beneficio es un imán que atrae recursos hacia una actividad. No aprovechar esos recursos no se debe a que los guatemaltecos sean flojos o brutos, sino a las barreras que existen para el libre flujo de actividades productivas, que redunden en el beneficio social.

La utilidad de una acción siempre va ligada a los riesgos. La aversión al riesgo es lo que desincentiva la acción económica.

Sin embargo, la transparencia hacia la ganancia genera y multiplica el deseo de producir, de originar cambios, de incentivar mejoras, de promover la economía.

Pero el individuo arriesga sólo cuando los individuos están convencidos de que la acción social es efectivamente neutral y no deliberada.

Que no haya intervención negativa del Estado, sino apoyo en la verdadera formación de un estado de Derecho.