Prensa Libre - Edición Electrónica

Las transacciones o documentos electrónicos adquirirán certeza jurídica, a partir del 1 de octubre próximo, de acuerdo con el Decreto 47-2008, Ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, publicado ayer en el Diario de Centroamérica.

La Ley, que fue aprobada por el Congreso el pasado 19 de agosto, es una manera de representación y confirmación de la identidad de una persona en el medio electrónico, a través de datos únicos encriptados (transformados en códigos), que la hacen difícil de plagiar.

El decreto establece un conjunto de reglas generales aceptables en el ámbito internacional, que permitirán el desarrollo seguro de las vías del comercio electrónico.

La entrada en vigor de la firma electrónica permite, tanto a grandes o pequeñas empresas, así como a usuarios individuales, comunicarse en la red con la seguridad de que sus comunicaciones no serán interceptadas.

María Mercedes Zaghi, de la Coordinación de Desarrollo del Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), explicó que los pequeños y medianos empresarios, y personas individuales que lo requieran, ya pueden comprar firmas electrónicas en la CCG, las que tienen un valor de Q100.

La funcionaria agregó que por el momento solo la CCG está trabajando en la certificación de empresas o personas.

Zaghi explicó que la firma electrónica no es obligatoria; sin embargo, explicó que en la medida que se generalice el uso de ésta, las personas se verán obligadas a utilizarla.

Para adquirir una firma electrónica es necesario ir con una entidad certificadora, en este caso a la CCG, llevar la cédula de vecindad, el NIT y llenar un formulario.

Los notarios de la firma autentican la identidad, el interesado firma un contrato y la entidad certificadora E-Cert Chile proporciona, por un año, la llave mencionada.

De acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la ley no solo fortalece la certeza jurídica de comunicaciones y firma electrónica, sino que también representa una oportunidad para ampliar la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones para mejorar la eficiencia en procesos en todo ámbito, tanto a nivel público (gobierno electrónico) como privado (comercio electrónico).