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Los centros que se dedican al cuidado de menores de edad, abandonados o con situación jurídica pendiente de resolver, siguen sin cumplir con las condiciones mínimas para atenderlos y, lo que es más grave, ninguno, ya sea público o privado, está acreditado por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA).

En Guatemala funciona más de un centenar de casas de acogida, entre públicas y privadas, que albergan a más de cinco mil niños a cargo del Estado, que han sido separados de sus padres por diferentes causas.

Para que estos centros funcionen de manera legal, según la Ley de Adopciones, deben acreditarse en el CNA, contar con instalaciones y personal adecuados, y poseer una certificación extendida por los ministerios de Salud y Educación, para garantizar la atención médica y educativa de los niños.

Con el fin de verificar el cumplimiento de la ley, el CNA se dio a la tarea de supervisar algunos hogares, y se llevó la desagradable sorpresa de que ninguno de los 47 que visitó cumple con aquellos requisitos.

La mayoría carece de instalaciones adecuadas y equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos y trabajadores sociales de planta) que garanticen la atención integral del menor de edad.

La mayoría de los niños y niñas recluidos han sido abandonados o maltratados, y para su recuperación necesitan el acompañamiento de expertos que los orienten y ayuden psicológicamente para superar la situación que afrontaron, recomienda Jaime Tecú, del CNA. Otro problema es que muchos aún no están inscritos en los registros civiles, lo que dificulta que tengan oportunidad de ser adoptados.

Aunque la normativa que rige a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), a cargo de esas casas, establece que los niños deben permanecer un máximo de 17 días en sus hogares, algunos llevan allí años, debido a que nadie se quiere hacer responsable de ellos.

Julieta Flores, de la SBSP, indicó que los hogares de esta dependencia dan lo mejor que pueden, y respecto del incumplimiento de los privados, prefirió no opinar, aunque aseguró que se les supervisa de manera periódica.

La última inspección de la Unidad de Supervisión y Acreditación de Hogares de Protección y Abrigo fue en julio del 2008.

En esa ocasión se encontraron anomalías; sin embargo, los expedientes no se enviaron a la Comisión de la Niñez ni al Consejo Nacional de Adopciones.

Nidia Aguilar, defensora de la niñez y la juventud, lamentó el hecho e indicó que la PDH ha constatado personalmente la mala situación en la que están los menores de edad. “Se necesita más personal calificado (niñeras especializadas, médicos, psicólogos de planta) que atienda las necesidades de los niños, y también mejores instalaciones".

Invitó a la población a denuncia cualquier abuso y se comprometió a verificar los casos y deducir responsabilidades.