Guatemala, 6 de enero de 2009
De cinco grandes proyectos, tres no han tenido los resultados esperados. Están por lanzarse convocatorias para dos más.
Es una carretera de 300 kilómetros. Se llevó a cabo en el 2005 una licitación y hubo un solo oferente, a quien se le adjudicó la obra. Al impugnarse se suspendió. El financiamiento lo efectuará el BCIE. La obra costará unos Q5 mil millones.
La licitación para la hidroeléctrica se declaró desierta, en noviembre pasado, por falta de oferentes. Los posibles inversionistas cuestionaron la estructura del proyecto. Ahora se busca financiarla de forma directa con un banco bilateral.
Se dio a la compañía Ferrovías en usufructo oneroso para operar el ferrocarril por 50 años. En el 2006, el Gobierno declaró lesivos algunos contratos y alega incumplimiento. La compañía demandó al Estado por US$65 millones.
El Ministerio de Energía y Minas está pendiente de lanzar la licitación para la exploración y explotación de diversas áreas del país para extraer petróleo y gas natural. Tres de éstas se ubican en el océano Pacífico.
Se lanzará la licitación por mil 349 kilómetros de cableado para el sistema de transmisión de energía eléctrica. Se calcula una inversión de más de US$500 millones. Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica se incluirá una subasta por el precio de transmisión.
Por Rosa María Bolaños
El planteamiento de proyectos bien estructurados que incluyan una adecuada distribución del riesgo, entre inversionista y Estado, es un punto clave para evitar el fracaso en procesos de licitación de grandes obras en el país, refiere Mario Marroquín, director de Invest in Guatemala.
El ejecutivo se refirió a la necesidad de revisar la estructura de proyectos y licitaciones tomando en cuenta las fallidas experiencias de Xalalá, el ferrocarril y la Franja Transversal del Norte.
Además explicó la necesidad de una ley de inversión de proyectos público-privados. Invest in Guatemala es la entidad encargada de atraer inversionistas extranjeros.
Las compañías manejan flujos de información, y buscan cierto nivel de proyectos. Mientras mejor estructurados sean éstos, tanto en forma técnica como financiera y social, podemos hablar de menores riesgos, como el fracaso por cuestiones técnicas, que no proceda por aspectos ambientales o que no pueda ejecutarse por cuestiones sociales. Otro riesgo es que el proyecto esté mal diseñado.
El país ha logrado tener calidad en el sector de las telecomunicaciones y en la colocación de los eurobonos, pero no se tiene, de momento, una calidad de mercado en infraestructura porque los estándares todavía son bajos.
El reto es buscar cómo crear el mercado de las P3 (proyectos público-privados) y trabajar para acreditarlo como merece estar.
Si usted saca un proyecto mal preparado, como sucedió con la Franja Transversal del Norte, tiende a desprestigiar el mercado y, en consecuencia, al país le cuesta posicionarse para exigir calidad y reacreditar sus proyectos.
Además los intereses del financiamiento, que se manejan con base en el riesgo, pueden aumentar el costo del proyecto.
Una compañía seria no va a poner en riesgo su reputación ni a entrar a un proyecto precario.
Es un poco lo que ha pasado con las contrataciones que hacen algunos ministerios, muchas compañías canadienses o de otros países se cansaron de licitar en Guatemala porque no se respetaban los procedimientos.
No era el mejor ejemplo de manejo de riesgo. Hubo un solo oferente y éste no pudo asegurar la mejor clase de financiamiento posible, de hecho el crédito fue otorgado después por el BCIE, que es un financiamiento de los más caros que obtiene Guatemala de entes bilaterales. Otro riesgo es la estructura técnica, la carretera sería de 300 kilómetros pero no existe el trazo de un tercio.
Un ejemplo de esto es el manejo del riesgo financiero, ahí entra la lógica de la eficiencia económica y de mejores costos.
En el caso de las P3 hay un doble manejo de riesgo en el tema financiero porque está distribuido. Se supone que el sector privado es quien puede asegurar un flujo de fondos de largo alcance y con el menor costo posible, pero a su vez corre el riesgo que no le paguen. Entonces, ahí también entra en juego lo que puede hacerse en el ámbito público para reducirlo como el tema de las garantías, el apoyo para resolver los problemas sociales y otros.
Como está la legislación, no. Por eso apoyo la Ley P3. En la actualidad se tiene la Ley de Contrataciones del Estado en la cual se “medio” norma en el capítulo 13 lo relativo a los proyectos público-privados. Para una compañía seria esa legislación no le brinda suficientes garantías institucionales para entrar a un proyecto.
Hemos tenido marcos legales precarios y procesos de licitación precarios y entonces tenemos inversionistas precarios.
Hay aspectos que se tienen que integrar en los contratos, como los plazos, cláusulas de incumplimiento y cómo será la resolución de disputas. Las compañías serias traen legiones de expertos, técnicos, financieros y legales, porque para ellos se trata de un negocio millonario y buscan mantenerse en el país a largo plazo.
Los inversionistas se quejaron de que fue mal diseñado. El contrato de energía carece de firmeza, deja al inversionista solo en el trato con la comunidad y no existe un estudio de factibilidad previo, pero lo mas cómodo es decir que las comunidades no quieren Xalalá.
Xalalá hizo crisis de entrada, y Ferrovías hizo crisis en el tiempo. Hicieron falta estudios acerca de la situación del ferrocarril en Guatemala, de qué entregaba el Estado y recibía la compañía.
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