Guatemala, 6 de enero de 2009
Tal como sucede en el caso de la narcomatanza, el sistema de justicia ha sido empañado en otros procesos, como la masacre de Xororaguá, Chiquimula.
En ese caso, la Fiscalía contaba entre sus pruebas con declaraciones de 12 personas, entre peritos, investigadores, fiscales auxiliares y sobrevivientes, quienes habían asegurado que Kenneth Vanegas estaba entre el grupo de asesinos, pero al final del juicio lo declararon inocente.
El problema era que los jueces, de manera constante, se declaraban enfermos y se inhibían para conocer el caso. Incluso, una de las juezas no continuó, debido a que en una bebida que ingeriría colocaron veneno.
A esos obstáculos se unió la supuesta inseguridad en el momento de la audiencia y el temor por la cantidad de testigos de ese caso que fueron asesinados.
En otro proceso, la Sala de Jalapa —también por falta de seguridad— dice no querer conocer la acusación contra el ex diputado Manuel Castillo.
Por coralia orantes
De octubre último a la fecha no se ha logrado que un tribunal se haga cargo del juicio de las personas ligadas al caso de la narcomatanza en Zacapa, donde murió el presunto capo del tráfico de drogas Juan José León, alias Juancho.
Aunque las personas ligadas al caso recibieron notificación de que serán enviadas a juicio, ni el Tribunal de Zacapa ni el Primero de Sentencia en la capital han querido responsabilizarse.
Por ese crimen hay 12 personas capturadas, entre ellas, Daniel Pérez Rojas, alias el Cachetes, líder del grupo de sicarios los Zetas. Él fue capturado el 3 de octubre último.
La principal razón para que nadie se haga responsable es la escasa seguridad que tienen los operadores de justicia.
El Tribunal de Zacapa era el encargado de conocer el proceso, pero se inhibió, debido a la petición de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, porque determinó que para los jueces era un riesgo hacer las audiencias en ese departamento.
También se argumentó que no hay instalaciones de presidios seguras. Además, jueces y fiscales están desprotegidos.
Tras la resolución de dicho tribunal, se asignó el Tribunal Primero de Sentencia, pero los jueces resolvieron, a mediados de diciembre, que el caso debía enviarse a Zacapa.
Con ese fallo, la Fiscalía planteó una actividad procesal defectuosa ante la Corte Suprema de Justicia, para que se reconsidere, y solicita que se asigne el tribunal competente para conocer el caso.
El fiscal Leonel Ruiz dijo que esas disposiciones atrasan las audiencias contra los sindicados.
Los 12 detenidos por la narcomatanza, ocurrida el 25 de marzo del 2008, son acusados de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas; transporte y traslado ilegal de municiones y de armas de fuego, asociaciones delictivas, falsedad ideológica, uso público de nombre supuesto y de documentos falsificados.
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